Cómo proteger a Citgo

Cómo proteger a Citgo

Por: Francisco Rodríguez

Esta semana, la Junta Directiva de PDVSA nombrada por el Gobierno interino decidió proceder al pago de 71,6 millones de dólares en intereses del bono 2020 emitido por la compañía. La decisión ha generado, comprensiblemente, bastante controversia. El Gobierno interino ha defendido el pago argumentando que, de no haberse hecho, los acreedores habrían tenido el derecho a embargar las acciones de la empresa, y Venezuela habría perdido el complejo refinador Citgo, que vale alrededor de 8 mil millones de dólares. Esto se debe a que el bono PDVSA 2020, a diferencia de otras obligaciones, se encuentra garantizado con el 50.1% de las acciones del holding que controla Citgo.

Este argumento es, en cierto sentido, incontrovertible. El derecho norteamericano permite a un acreedor ejecutar la garantía de un préstamo con bastante celeridad. De no haberse hecho el pago ni llegado a un acuerdo con los inversionistas, el 25% de los tenedores habría podido acudir al fideicomisario para solicitar la puesta en venta de las acciones compañía y, de este modo, responder a su acreencia. No es del todo correcto decir que Venezuela –o, para hablar con más precisión, PDVSA– habría perdido 8 mil millones de dólares porque habría tenido derecho a recibir el remanente de la venta de las acciones de Citgo después de pagar la obligación no cumplida (en este caso, por 1,7 millardos de dólares) y porque sólo la mitad de esas acciones habría sido vendida. Pero sí es cierto que la nación habría perdido la propiedad de un activo estratégico de gran relevancia para nuestra inserción en el mercado petrolero mundial.

Sin embargo, el argumento a favor del pago no deja de ser problemático por varias razones. La más importante es que el Gobierno interino no tiene recursos para pagar todas sus obligaciones, ni siquiera para pagar a todos los acreedores que podrían solicitar la ejecución de Citgo como respuesta a un incumplimiento de la obligación. Actualmente, Venezuela debe un total de 2,8 millardos de dólares a acreedores que tienen como garantía las acciones de Citgo y otros 3,0 millardos de dólares a compañías que han adelantado demandas en cortes norteamericanas buscando embargar los activos de la firma por incumplimiento de deudas. Aun si el Gobierno interino pudiese conseguir esos 5,8 millardos de dólares para pagarles a estos acreedores, eso simplemente conllevaría a que acreedores adicionales emprendiesen nuevas demandas, bajo la expectativa de que también obtendrían pago.

Si se logra el cese de la usurpación de la presidencia, esto no será un problema. El Gobierno interino tomaría control de la generación de divisas del país y podría emprender un proceso de reestructuración que permita llevar la deuda a niveles macroeconómicamente sostenibles. Pero si hay algo que deberíamos haber aprendido en los últimos años es que lo que queremos que pase no necesariamente va a pasar -y mucho menos de la forma y en los tiempos en los que lo deseamos-. Si bien tiene todo el sentido del mundo esperar que pase lo mejor, también es necesario prepararse para que ocurra lo peor.

Una estrategia desarrollada por el Gobierno interino es buscar que el Gobierno de Estados Unidos emita una orden de protección de activos venezolanos en su país. Esta orden implicaría una prohibición temporal a que los acreedores embarguen Citgo o cualquier otro activo venezolano. Tal orden ha sido solicitada por el Gobierno interino a través de su embajador en Washington, Carlos Vecchio, pero no ha sido otorgada. El que no haya ocurrido –y, de acuerdo con fuentes especializadas, no vaya a ocurrir– no nos debe sorprender. Que el Gobierno estadounidense haya decidido en los últimos tiempos apoyar fuertemente a las fuerzas democráticas venezolanas no implica que, a la hora de tomar una decisión con implicaciones económicas para su país, deje de tomar en cuenta los intereses económicos de sus contribuyentes.

Todo esto nos pone frente a una situación muy compleja: si para finales de octubre no se ha logrado el cese de la usurpación, el Gobierno interino tendrá que enfrentarse a la misma decisión de esta semana, con la diferencia de que en ese momento tendrá que pagar 913 millones de dólares, 13 veces el pago que se acaba de hacer.

Por ello, urge el desarrollo de una nueva estrategia para proteger los activos venezolanos en el exterior. Esta estrategia no debe depender exclusivamente del apoyo del Gobierno estadounidense ni de la expectativa de un cese rápido de la usurpación. Aquí, tal como en muchas otras dimensiones, debemos prepararnos para una batalla prolongada en la que nosotros, los venezolanos, somos los únicos capaces de lograr cambiar el rumbo de los acontecimientos.

En primer lugar, el Gobierno interino debe elevar la solicitud de una orden de protección de activos directamente frente a la Organización de Naciones Unidas en vez de sólo ante el Gobierno estadounidense. La única ocasión previa en que Estados Unidos emitió una orden de protección de activos, que fue en el caso de Irak en mayo de 2003, se produjo después de que el Consejo de Seguridad aprobase por unanimidad la Resolución 1483 ordenando a todos los países miembros a que prohibiesen el embargo de los activos petroleros externos de Irak. No fue una decisión aislada del Gobierno estadounidense, sino la implementación de una decisión multilateral.

Una solicitud de protección de activos frente a las Naciones Unidas llevaría el debate a un organismo que tradicionalmente ha tenido una postura favorable hacia los países deudores. Una solicitud como esta seguramente conseguiría el aval de los cuerpos técnicos de la organización, lo que le daría mayor solidez al momento de ser considerara en la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Hay quienes temen que Rusia y China vetarían esta iniciativa. Por el contrario, Rusia y China, siendo también acreedores, son los menos interesados en que la nación pierda sus activos en el exterior ante inversionistas norteamericanos o europeos, porque de esos activos dependerá la capacidad futura del país de honrar sus compromisos con ellos.

Es cierto que el Gobierno interino en este momento no ha logrado aún ser reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Esto no impide, sin embargo, que otros países miembros hagan una solicitud de este tipo a petición suya. Un conjunto de aliados naturales son los Gobiernos del Grupo de Lima, quienes podrían llevar esta solicitud de Venezuela ante el seno de la organización. Y si Nicolás Maduro se opone o intenta bloquear de alguna forma la iniciativa, evidenciaría ante el mundo nuevamente que no tiene el más mínimo interés por defender a nuestra nación.

Al mismo tiempo, el Gobierno interino debe tomar una posición más proactiva para negociar con los acreedores desde una postura de defensa de los intereses venezolanos. Dado el reconocimiento del Gobierno de Estados Unidos de Juan Guaidó como presidente interino, es su Gobierno el que tiene la capacidad de representar al país frente a las cortes estadounidenses. Eso quiere decir que tiene la autoridad y la capacidad para renegociar los términos de la deuda, creando así compromisos legalmente vinculantes para cualquier Gobierno futuro.

El Gobierno interino debe empezar por solicitarles a los acreedores que suscriban un pacto acordando no embargar activos de la República mientras se resuelve la crisis política. De la misma forma en la que hace dos años se emplazó a los acreedores para que dejasen de financiar al régimen de Maduro, hoy se les debe instar con la misma vehemencia a que no tomen ventaja de la situación de un país que atraviesa la crisis económica y de gobernabilidad más grave jamás vista en la historia de nuestra región. Como en toda negociación, se deben combinar inteligentemente las posturas firmes con los incentivos positivos, ofreciéndoles, por ejemplo, un trato preferencial en cualquier reestructuración futura a los acreedores que se comprometan hoy de forma legalmente vinculante a no embargar los activos venezolanos.

La estrategia de defensa de nuestros activos no tiene por qué ser diferente de la estrategia en la lucha por recuperar nuestra democracia. Todos los aliados que puedan ponerse de nuestro lado deben ser bienvenidos. Pero debemos estar conscientes de que, al final de cuentas, sólo los venezolanos seremos los responsables de reconquistar y proteger lo que nos pertenece.

PRODAVINCI.

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