Policías involucrados en delitos: falta de supervisión y escasa formación

Policías involucrados en delitos: falta de supervisión y escasa formación

Una disputa entre vecinos culminó este fin de semana con el homicidio de una persona de 18 años de edad, identificada como Yeiker Istúriz. Como autor del hecho fue señalado Lisandro Urbina, funcionario activo del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, adscrito a la brigada motorizada, al que se le vio sacar su arma de fuego reglamentaria y disparar contra el muchacho.

Acto seguido, le ordenó a su esposa, también oficial de la PNB, de nombre Vicmar Henríquez, tomar al hijo menor de edad y huir de la zona donde ocurrieron los hechos: Carapita, barrio Santa Ana, sector Las Torres, calle principal.

Vecinos quisieron linchar al policía y quemar la residencia, acción que fue interrumpida con la llegada de funcionarios de la PNB a la escena del crimen. Hasta ahora se desconoce el paradero del oficial Lisandro Urbina, su esposa y su hijo.

Desde enero y hasta mayo medios locales y regionales han reseñado la actuación de funcionarios de la PNB en hechos delictivos. Los casos han sido remitidos a los tribunales judiciales.

Recientemente, tres aspirantes a la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB fueron detenidos en el bulevar de Sabana Grande porque intentaron robar un comercio de equipos electrónicos. Los estudiantes eran  Kelvis Perales, de 24 años de edad;  Luis Torrealba, de 22 años, y  Heideger Velázquez. Los potenciales funcionarios cursaban estudios en el Centro de Formación FAES, en el kilómetro 23 de El Junquito. Quedaron a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público.

Con las evidencias recabadas a través del monitoreo periodístico, Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Criminología en pregrado y posgrado de la misma universidad, explica: “No se trata de un problema legislativo, es un problema principalmente político e institucional y, de manera subsidiaria, gerencial. El nuevo modelo plasmado en la Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana no se implementó en cuanto a institucionalización de prácticas, administración, seguimiento, así como tampoco en la aplicación adecuada de protocolos y procedimientos”.

Ávila agrega que la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que los acredita como funcionarios policiales, no evalúa los estándares mínimos de selección ni de capacitación: “Ni existe una supervisión ni control eficiente de esos miles de jóvenes armados, que son sacados a la calle después de un tiempo de formación que resulta insuficiente”.

Las cifras

El reporte de 2018 emitido por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz refiere que de 175.000 policías que existían en el país, 1.500 fueron puestos a las órdenes de los tribunales (0,85%) porque incurrieron en delitos comunes o formaban parte de bandas organizadas, o estaban implicados en otros hechos de corrupción, entre los que destacan los relacionados con instituciones como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, con 50 funcionarios detenidos, y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, con 101 funcionarios detenidos.

El órgano rector en materia de seguridad del Estado señala que en 2018, de los 1.500 funcionarios detenidos, 300 pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pero no precisa en su informe de cierre de año qué otros funcionarios se vieron involucrados en delitos, ni a cuál organismo pertenecían.

El monitoreo presentado en 2018 por la Fundación para el Debido Proceso, Fundepro, detalla que se contabilizó la aprehensión de 588 funcionarios, entre policías y militares, involucrados en delitos.

Esta ONG indica que los detenidos, por organismo, fueron 182 de la Guardia Nacional Bolivariana, 45 de otras instituciones militares, 78 del Cicpc, 130 de la PNB, 8 del Servicio Bolivariano de Inteligencia, 99 policías estadales, 39 policías municipales, 3 funcionarios aeroportuarios y 4 a determinar.

En cuanto al tipo de delitos, Fundepro registró en 2018, 115 policías involucrados en robo, 74 en homicidios, 70 en extorsión, 44 en el tráfico de drogas, 28 en hurto, 28 en secuestro y 14 en hechos de corrupción.

Las entidades con mayor cantidad de policías detenidos fueron: Caracas, con 120 funcionarios; Miranda, con 75; Carabobo, con 62; Aragua, con 54; Zulia, con 48; Anzoátegui, con 40; Bolívar, con 39; Vargas, con 18; Táchira, con 14; Lara, con 12; Barinas y Nueva Esparta, con 11; Delta Amacuro, con 10; y 21 a determinar.

De acuerdo con Ávila, la reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, iniciada en 2006, quiso mostrar un nuevo modelo policial, pero sus funciones se limitaron a  “encubrir lo que ocurría en la realidad y darle oxígeno al aparato policial y profundizar en la realidad la lógica militar y autoritaria”.

Sergio González, comisario jubilado del Cicpc, opina que los delitos en los que están involucrados funcionarios policiales son responsabilidad de la UNES y sus precarios métodos de control de aspirantes. “No hay selección, todo el que se inscriba es admitido y no hay rigurosidad en la escogencia del muchacho que es formado como policía”, asegura.

Agrega: “Hemos tenido casos en los que ni siquiera se verifican los antecedentes de esos jóvenes y, en medio del curso de formación, se descubre que están solicitados por un tribunal e implicados en casos de homicidios”.

El Nacional.

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