Abren proceso sancionatorio contra operador de Doña Juana que podría derivar en caducidad del contrato

Abren proceso sancionatorio contra operador de Doña Juana que podría derivar en caducidad del contrato

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) abrió un proceso sancionatorio y llamó a descargos al operador CGR Doña Juana por 13 presuntos incumplimientos graves del contrato de concesión suscrito con la ciudad en 2010.

Los incumplimientos se habrían dado en la operación y manejo del relleno sanitario, en las actividades de disposición final de residuos y por el deficiente tratamiento de los lixiviados.

Previo a la apertura del proceso, la interventoría del Relleno -Inter DJ-, hizo las advertencias y recomendaciones al operador, las cuales no fueron atendidas. Ante esta situación la interventoría hizo la solicitud formal de apertura del proceso ante la UAESP.

De los 13 cargos por presuntos incumplimientos, seis corresponden a la actividad de disposición final de residuos en el polígono concesionado al operador, entre los cuales se destacan, problemas de operación, retrasos en las obras contempladas en el contrato y en la licencia ambiental, la ausencia de una celda de emergencia para la disposición de residuos, entre otros. Hechos que fueron evidentes tras el deslizamiento del pasado 28 de abril y que aún hoy siguen afectando la calidad de vida de los vecinos de Doña Juana.

Los otros siete incumplimientos corresponden al presunto mal manejo de los lixiviados generados en la actividad de disposición final y cuyo tratamiento actualmente se encontraría muy por debajo de las exigencias hechas por la normatividad ambiental, afectando así al río Tunjuelo donde son descargados estos líquidos.

Las consecuencias derivadas para el operador del relleno podrían ser la caducidad del contrato de concesión 344 de 2010 o la declaratoria de incumplimiento grave del contrato de concesión 344 de 2010. En cualquiera de los dos casos, se podría hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria, por más de 76 mil millones de pesos, y la declaratoria de siniestro amparada mediante una póliza.

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