Hambre, insalubridad y hacinamiento: la pandemia eterna de los presos en Venezuela

80,95% de los 273 centros de detención preventiva (CDP) monitoreados en 19 estados de Venezuela presentaron problemas de hacinamiento. Estos recintos, que deben albergar un máximo de 7.457 personas, el año pasado se contabilizaron 24.218, lo que representa un hacinamiento del 325%

 


La Comandancia General de la Policía de San Felipe en el estado Yaracuy tiene capacidad para 80 detenidos y en la actualidad hay 700; el Centro de Control Policial de Guaiparo en San Félix, estado Bolívar, también posee cabida para 80 reclusos y hoy conviven 200; en una sola celda de la sede de la policía del municipio Sotillo de Anzoátegui hay 120 presos y la capacidad del espacio es para 40. El hacinamiento es una constante en todos los centros de reclusión del país, así como la insalubridad y corrupción.

Los centros de detención preventiva (CDP) o calabozos son espacios para que los reclusos estén un máximo de 48 horas mientras son procesados, pero en Venezuela se han convertido en albergue permanente para quienes cometen algún delito.

De acuerdo al Informe Anual 2020 de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), 80,95% de los 273 CDP monitoreados en 19 estados de Venezuela presentaron problemas de hacinamiento. En recintos que deben albergar un máximo de 7.457 personas, el año pasado se contabilizaron 24.218, lo que representa una sobrepoblación de 325%.

¿Qué es un CDP?

Los CDP no cuentan con una partida presupuestaria para la alimentación de la población reclusa, tampoco con comedores y menos con personal formado en esta materia, por lo que los familiares de los detenidos son quienes deben llevarles la comida. Pero no solo la alimentación es un problema, también la asistencia médica.

Según el informe de UVL, la principal causa de muerte en los CPD durante 2020 fueron las enfermedades: de 208 fallecidos durante el año pasado, 143 murieron por diversas patologías entre las que destacan la tuberculosis y la desnutrición. Los casos de covid-19 en estos centros son un misterio.

Durante el segundo semestre de 2020, se reportaron 317 reclusos contagiados por la covid-19 en CDP. Al hacinamiento de los detenidos se suma la falta de agua potable, de personal médico y de pruebas PCR.

 

También campea la corrupción

Los familiares de los presos en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Agustín, Caracas, deben pagar un dólar para poder ingresar y ver a su pariente. En el Centro de Coordinación Policial de la PNB de Boleíta, conocido como “Zona 7”, paga cinco dólares “y si quieres que salgan a tomar sol por una hora tienes que pagar un dólar diario. Allí hay que pagar por todo”, afirma Esther*, madre de un recluso.

Familiares de presos en los centros de detención preventiva, específicamente en “Zona 7” indicaron que algunas personas que visitan a sus parientes fungen de “gariteros” de los policías. Es decir, notifican a los mismos acerca de la presencia de personas que indaguen sobre la situación de los privados de libertad (periodistas, representantes de ONG, defensores de DDHH).

TalCual junto a los diarios Yaracuy al Día (Yaracuy), El Impulso (Lara), La Mañana (Falcón), El Tiempo (Anzoátegui) y Runrun.es (Caracas) expones a través del siguiente audiovisual la realidad de varios centros de reclusión del país, donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos.