Vivían en el mismo sector, pero no eran vecinos. Entre los dos había una distancia de 22 cuadras, siete años de diferencia en edad, y un mundo de derechos y privilegios.
Catalina Lobo-Guerrero // Armando Info
Para entrar al apartamento de uno —más de 200 metros cuadrados de lujo— había que pasar por estrictos controles de seguridad, primero en una alcabala externa y luego en la portería de la torre. Para entrar al aparta-estudio del otro —menos de 60 metros y sin contrato de alquiler formal— bastaba con abrir una puerta que daba a la calle.
Era poco probable que el destino del presidente de Colombia, Iván Duque, se cruzara con el del repartidor de delivery venezolano, Miguel Angel Calderón. Pero sucedió el 22 de noviembre de 2019.
“A veces pasa que uno está en el sitio equivocado, a la hora equivocada”, dice Calderón, incapaz de pensar en otra explicación.
Él sabía dónde vivía el presidente, porque todos los domiciliarios que trabajan en esa zona del norte de Bogotá lo saben. La entrada al conjunto residencial Sierras del Moral, sobre la carrera 7 con calle 147, permanece custodiada a toda hora por uniformados de la Policía o del Ejército. En ningún otro conjunto o edificio tienen que pasar por tantas requisas y chequeos para entregar un pedido. Y, a veces, cuando van pedaleando o acelerando con sus motos por la vía, los sobrepasa la caravana de camionetas blindadas y la escolta motorizada, con las luces y sirenas encendidas, que entra o sale del lugar.
Calderón había pasado por allí temprano en la mañana y había continuado repartiendo pedidos en el norte de la capital. Pasado el mediodía, cuando iba por la calle 161 con carrera 8, vio a unos patrulleros de la policía advertirles a los comerciantes y a los dueños de los locales que era mejor que cerraran sus negocios porque una manifestación venía subiendo desde la autopista y se dirigía hacia la carrera 7.
El repartidor venezolano grabó un video con su teléfono para mandárselo a su esposa, Mariu Villalobos.
Poner video 1 aquí.
Los videos eran parte de su rutina cotidiana. Los grababa y luego los compartía, no solo con su esposa, sino con el grupo familiar que había creado en el Whatsapp.
“Ésa es la forma que tienen los migrantes de mantenerse cerca de su familia y no creo que sea el único que lo haga”, dice.
Aún le faltaba comprar algo de comida para llevar a casa, así que decidió parar en la tienda Justo & Bueno, ubicada frente al conjunto del presidente, donde usualmente hacía mercado.
Al llegar, se dio cuenta de qué había mucho movimiento de guardias y policías en la calle. Sacó su teléfono, hizo un paneo rápido de lo que podía ver desde el otro lado de la avenida: carros pasando, la entrada del conjunto Sierras del Moral, los árboles y los edificios lejanos, los locales comerciales alrededor. Lo narró tal como había narrado el anterior. Cuándo terminó, guardó el teléfono en su chaqueta y entró a la tienda a hacer sus compras. Al salir, media hora después, lo interceptó un guardia.
El informe del patrullero de la Policía, Oscar Eduardo Cáceres Jaimes, dice que Calderón fue sorprendido, “siendo aproximadamente las 16:30 horas, en la carrera séptima con calle 146 por el señor intendente Eliseo Buriticá Conde, funcionario de seguridad adscrito al esquema de protección del señor presidente de la República”.
Calderón recuerda el breve intercambio con el intendente así:
– ¿Tú estabas grabando un video?- le preguntó.
– Sí claro. ¿Por qué?
– Aquí no se puede grabar videos, está prohibido.
-No sabía, qué pena, jefe- le contestó, y le entregó su teléfono desbloqueado para que él mismo lo borrara. Luego se enteraría que él no estaba obligado a entregarle su teléfono y que no es ilegal grabar un video en la vía pública.
Buriticá le pidió los papeles. Le mostró la tarjeta de propiedad de su moto Bajaj modelo 2013, su Permiso Especial de Permanencia que acababa de renovar en agosto, su pasaporte y su cédula extranjera.
Escuchó que Buriticá le decía a un superior: “Es que él es un venezolano”.
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