Este 12 de noviembre se cumplió un mes del fallecimiento del general y exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel. Su deceso ocurrió dentro de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide, y rebautizada hace unos meses como “cárcel de máxima seguridad”, a cargo del Ministerio de Servicios Penitenciarios. sí lo reseñó Tal Cual.
Las razones de su muerte aún no han sido esclarecidas. Según la fiscalía chavista, a cargo de Tarek William Saab, su muerte se debió a complicaciones por el covid-19, pero los familiares de Baduel rechazaron esta opción desde el primer momento.
Sostienen que no fueron informados de alguna enfermedad o padecimiento relacionado al coronavirus por el general el fin de semana que antecedió a su muerte, tampoco se les entregó o notificó sobre un resultado positivo de prueba PCR o de antígenos, mucho menos se les indicó con prontitud que estaba siendo atendido por algún médico o especialista debido a problemas respiratorios.
Andreina Baduel, una de las hijas del militar, aseguró que la muerte de su padre responde a las torturas, negación de atención médica y otras vejaciones sufridas en los 12 años de prisión que vivió por dos causas distintas: la primera una condena -que rechazan- por corrupción mientras ejerció el Ministerio de Defensa, y la segunda por estar presuntamente vinculado a acciones conspirativas contra el régimen de Nicolás Maduro.
La hija del exministro lamentó que las investigaciones que adelanta la Fiscalía chavista por la muerte de su padre no hayan producido avances en este mes. “Todo con mucho hermetismo, ni siquiera hemos tenido acceso a ese expediente”, explicó.
Además recordó las diversas solicitudes hechas por organismos y actores internacionales de una investigación imparcial e independiente tampoco han sido respondidas por el Estado venezolano.
En particular, las solicitudes iniciaron con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet. A horas de la muerte del general, envió un tuit solicitando una investigación, además de atención médica para todos los detenidos y la liberación de todos los presos políticos en el país.
La respuesta de las autoridades venezolanas no se hizo esperar. Acusaron a Bachelet de ceder a las presiones y usar el tema de derechos humanos con fines políticos, al tiempo que rechazaron la existencia de presos políticos en el país, solo de detenidos a quienes se les garantiza el “disfrute de todos los derechos”, incluyendo el “derecho a la debida atención médica”.
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