El Gobierno no confirma ni desmiente datos de activistas sobre los juicios a manifestantes del 11 y 12 de julio en Cuba. «Los conflictos políticos se siguen acumulando», advierten familiares y activistas.
«Tengo a mis tres hijos y mis dos sobrinos presos”, dice a DW Emilio Román. A un tercer sobrino, «le dieron una fianza de dos mil pesos y lo soltaron, porque las cámaras lo vieron en el grupo, pero no tirando piedras”, agrega desde el barrio periférico habanero de La Güinera. Allí vivía Diubis L.Tejeda, el único muerto que reconoce el Gobierno, por un disparo policíal en choques que dejaron también varios heridos, durante las masivas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J), en más de 60 localidades de Cuba.
Los familiares de Román son jóvenes a los que se les piden penas que les harían salir de prisión con el doble de su edad actual. Su hijo pequeño era aún menor de edad en el momento de su detención. «Salieron a la calle a comprar cigarros y se encontraron con la manifestación. Como nunca se había visto esta situación en Cuba, se unieron al grupo y empezaron a gritar por la falta de todo que hay” en el país, cuenta Emilio sobre sus hijos. Al menor, Emiyoslán Román Rodríguez, que cumplió 18 años en prisión, la Fiscalía le pide 15 de privación de libertad. A su hija, Mackyani (de 24), y al mayor, Yosney (de 25), les piden 25 y 20 años de encierro respectivamente.
Les acusan de sedición. «Ellos les pusieron esos cargos porque les dio la gana, porque ellos lo que hicieron fue gritar ‘abajo la dictadura’, ‘no tenemos comida ni medicinas’, y ‘abajo Díaz-Canel’. La Policía les tiró piedras y ellos las devolvieron de nuevo para atrás. No entiendo por qué les pidieron tantos años a todos los de la Güinera”, cuestiona Emilio Román. En prisión, «los han tratado muy mal. En estos momentos tienen sarna. Los tienen allí como si fueran la peste bubónica”, se queja, y denuncia también malos tratos a los familiares durante las visitas.
Detenciones, desapariciones temporales y «sanciones excesivas»
Las autoridades no han dado cifras oficiales. Pero Justicia 11J, un grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos, en el que se han articulado sobre todo mujeres activistas dentro y fuera de la isla, en colaboración con la ONG de asesoría jurídica Cubalex, ha conseguido «un subregistro” de 1.377 personas detenidas. Muchas estuvieron varios días «en desaparición forzada” y denunciaron «tortura física y psicológica”. 727 continúan privadas de libertad, incluidas 70 mujeres y 15 niños.
Este registro independiente está actualizado con información de familiares, peticiones fiscales, sentencias y los escasos reportes iniciales de la prensa estatal, aclara a DW la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex. Según el documento, más de 360 personas han sido ya juzgadas. Entre ellos, algunos excarcelados, bajo fianza o en prisión domiciliaria, tendrán que reingresar a prisión.
En el mismo mes de julio de 2021, el Estado reconoció la celebración de más de 60 juicios sumarios . Desde octubre, coincidiendo con la solicitud de autorización para la frustrada marcha del 15 de noviembre (15N), las activistas documentaron más de 90 nuevas detenciones. Además, comenzaron a conocerse peticiones fiscales «con sanciones excesivas” para las más de 300 personas que enfrentan ya los primeros juicios ordinarios por participar en las protestas de julio o filmarlas y publicar material en red. Más de 160 aún no tienen fecha programada y a casi la mitad se les solicitan penas «desproporcionadas” de más de 10 y hasta 30 años de cárcel, resume Diversent.
«Ensañamiento con las personas más pobres”
Se les acusa de desacato, desorden público, incitación a delinquir, propagación de epidemias, atentado. Pero las peticiones más altas están asociadas al delito de sedición. Y este «solo se ha usado contra manifestantes de barrios específicos”, asegura la activista Salomé García Bacallao, coordinadora de Justicia 11J.
Bacallao denuncia «un evidente ensañamiento con las personas más pobres”, e ilustra con los barrios de Toyo, en el habanero municipio de 10 de octubre, La Güinera, en Arroyo Naranjo, y algunos de los repartos más pobres de la provincia de Holguín. En Cárdenas, cercana al balneario de Varadero, en Matanzas, los delitos imputados a personas involucradas en situaciones de violencia similares son menos graves: «La ley no se aplica por igual”, insiste.
Como sea, hasta donde han podido documentar tanto Justicia 11J como Cubalex —especialmente gracias a los múltiples videos difundidos en redes sociales—, las situaciones de violencia en que desembocaron algunas de las protestas de julio, incluida la vandalización de tiendas, «se produjeron como reacción a situaciones violentas generadas por el propio Estado», recalca Bacallao.
«Evidente discriminación»
«Los policías también insultaron a las personas durante las detenciones, las hirieron, las trataron con violencia en los centros de reclusión. Hemos documentado muchísimos tratos crueles y degradantes», asegura la coordinadora de Justicia 11J. Se les ha negado atención médica para enfermedades preexistentes o contagiosas, incluso a niños. Y, cuando se les ha dado, «les llevan a hospitales pediátricos, aunque les dan tratamiento penal como adultos y no les permiten a sus familiares estar presentes», agrega Bacallao, quien insiste sin descanso en que «en Cuba hay niños presos políticos».
En la judicialización de todos estos casos, estamos viendo una «evidente discriminación”, dice además. Pues «solamente están siendo enjuiciados por supuestos actos violentos las personas que recibieron la represión por parte de agentes estatales y paraestatales”. El policía que disparó a la única víctima mortal oficialmente reconocida «ni siquiera tiene aún cargos imputados”. Y lo mismo vale para los partidarios del Gobierno que respondieron con palos a la «orden de combate” dada en televisión por el presidente Miguel Díaz-Canel, cuando las protestas aún no habían degenerado en disturbios, subraya.
«Para que los presos sientan que no le importan al mundo”
Los juicios ordinarios comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad de diciembre de 2021, aprovechando la distracción de la sociedad y los medios en la semana de Navidad, «para que los presos sientan que no le importan al mundo”, denuncia la coordinadora de Justicia 11J. La semana del 10 al 14 de enero de 2022, al menos 66 personas fueron juzgadas en cuatro juicios en cuatro provincias del país. Entre el 17 y 21 de enero, otras 45 personas serán juzgadas en tres juicios en dos provincias.
Se han realizado a puertas cerradas, con operativos policiales que impiden la asistencia a las audiencias de más de un familiar por acusado, de testigos oyentes u otros miembros de la sociedad civil o la opinión pública. «No les permiten a los familiares comunicarse ni con los detenidos ni entre ellos», informa Bacallao. «Eso es una violación de la garantía del debido proceso», denuncia por su parte Diversent.
«La información sobre lo que sucede en los juicios la obtenemos a través de los familiares», que reportan contradicciones entre los testigos, e incluso un juicio suspendido por falta de evidencias, explica la directora de Cubalex. Adicionalmente, las peticiones fiscales confirman que la mayoría de los testigos que propone la Fiscalía contra los manifestantes son los propios agentes estatales y paraestatales que ejercieron violencia contra los ellos, confirma.
Se persigue un «efecto ejemplarizante”, dice, «que la población perciba que salir a manifestarse contra las políticas gubernamentales es interpretado como un delito contra la seguridad del Estado”. A esto se agrega, como «estrategia para aliviar la presión”, el exilio forzado de activistas, periodistas y artistas críticos, que oficialmente no podrían salir del país por estar sometidos a procesos penales, señala Diversent, exiliada con su equipo en EE. UU.
Silencios, miedo y resistencia
El Gobierno no ha respondido hasta ahora a las solicitudes de comentarios sobre los juicios hechas por diversos medios de prensa extranjera, incluido DW. La oficina de UNICEF en Cuba, por su parte, se limitó a responder que «está en contacto permanente con las autoridades cubanas”, en un correo al canal hispano estadounidense Telemundo, luego de que UNICEF Latinoamérica solicitase públicamente «información adicional verificada” sobre «los presuntos casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba”.
Dentro y fuera de la isla, la sociedad civil cubana se ha organizado para apoyar a los familiares de los manifestantes en el pago de multas, abogados, alimentos, artículos de higiene, abrigo y calzado para los encarcelados, confirman las activistas. Sin embargo, califican de «tibia” la reacción de la comunidad internacional; así como de la prensa extranjera acreditada en la isla, que apenas comenzó a cubrir los juicios en enero, tras campañas de activistas y familiares, que también pidieron apoyo de delegaciones diplomáticas.
«La visibilidad es determinante» para generar algún tipo de presión sobre el Gobierno, advierte Diversent.
En medio de esta crisis política, y de la omnipresente y crisis económica, hay «un gran número de personas tratando de irse del país de manera desesperada”, asegura la jurista. Pero la válvula migratoria abierta con una exención de visado para cubanos en Nicaragua no será suficiente, opina.
El Gobierno «ha intimidado lo suficiente, pero ha generado también muchísima resistencia” de madres, padres y familiares, especialmente de menores. Conocer estas elevadas peticiones fiscales les ha hecho superar el miedo inicial a «denunciar la injusticia, a abrir la puerta a la prensa” independiente y extranjera, observa la directora de Cubalex.
Conflictos que se acumulan
Los familiares «han sentido el apoyo de la sociedad civil y han comenzado a organizarse, en grupos de redes sociales y mensajería privada, para exigir por sus hijos”, cuenta Diversent. «La sociedad cubana está en contra de toda esta situación. Muchos me apoyan”, asegura Emilio Román. Pero, «a veces, me he deprimido completamente. He estado día enteros trancado en mi casa llorando».
Sin acompañamiento internacional, advierte Bacallao, «es muy difícil que los cubanos se vuelvan a sentir empoderados para volver a salir a las calles». Sin embargo, dice, sigo pensando que «va a volver a ocurrir», porque «no se ha producido ningún cambio que dé solución a los conflictos políticos que, por el contrario, se siguen acumulando».
