El penthouse de Jorge Rodríguez que profanó el Palacio Municipal de Caracas

El penthouse de Jorge Rodríguez que profanó el Palacio Municipal de Caracas

Un quiste de cemento es el nombre amable para la “sala de reuniones” construida encima del Palacio Municipal, Monumento Histórico Nacional en el que se firmó el Acta de Independencia. Desde noviembre de 2015 sobre su techo comenzó sigilosa una construcción, de la que el Instituto de Patrimonio Cultural aun no hace públicos los permisos. Además de esta oficina, el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, también se ha aprovechado de otro edificio con valor patrimonial, la Casona Anauco Arriba

No se observa a simple vista. Para el peatón distraído nada fuera de lugar ocurre entre las esquinas de Las Monjas y San Francisco. Hace falta caminar hasta el edificio de La Francia, aguzar la vista entre las ramas de los árboles que rodean la Plaza Bolívar y el Palacio Federal Legislativo para darse cuenta de que encima del Palacio Municipal hay un aditamento que nada tiene que ver con el edificio neoclásico proyectado por el arquitecto Alejandro Chataing, cuando apenas comenzaba el siglo XX: sobre la Cámara Municipal construyeron una sala de reuniones para el despacho de la Alcaldía de Libertador.

Es una estructura de un piso. La osamenta del salón es de metal, el techo de losacero, tiene paneles con cristales y lo fabricaron con bloques de concreto. No obstante, el Palacio Municipal no es cualquier edificio, es asiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo del municipio Libertador y fue declarado Monumento Histórico Nacional, según Gaceta Oficial 31678 del 16 de febrero de 1979. Su interior alberga la Capilla Santa Rosa de Lima, donde se firmó el Acta de Independencia el 5 de julio de 1811. La capilla fue inaugurada el 29 de agosto de 1696, y en 1725 fue la primera sede de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, más tarde Universidad Central de Venezuela.

La obra de Chataing fue encargada por el general Cipriano Castro precisamente para proteger la capilla que a finales del siglo XIX se utilizaba como sede del Ayuntamiento. De ahí en adelante, tanto la capilla, como el Palacio Municipal han pasado por distintos procesos de restauración, pero nada comparable con esta construcción que, de acuerdo con el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, además de sitio de reuniones será la sala de control del despliegue de la Policía de Caracas en el centro de la ciudad.

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Rodríguez asegura que el área donde se hizo la obra no es patrimonial. “Esos eran unos depósitos y una zona baldía”, afirma. “El monumento histórico es la Capilla Santa Rosa de Lima y el Palacio Municipal propiamente dicho. Eso está construido en el anexo. En el edificio que está al lado del Palacio Municipal. En modo alguno es monumento histórico”. Pese a eso, el alcalde añade inmediatamente que contaron con los permisos del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) para realizar la construcción.

La oficina se encuentra en el ala oeste, al sur de la cúpula de la Capilla de Santa Rosa de Lima, literalmente, encima de la entrada de la Cámara Municipal, y justo enfrente del Palacio Federal Legislativo. El artículo 16 de la Ley de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural consagra que la autoridad que tenga a su cargo un monumento nacional, a los fines de salvaguardarlo, deberá participar al IPC de cualquier circunstancia que amenace al monumento, así como impedir “que se realice en el mismo cualquier obra de construcción nueva o adosada o apoyada a él, reconstrucción, reparación, reforma, demolición, cambio de ubicación, de destino o de uso sin la debida anuencia de este organismo”.

Historia de un penthouse

La construcción de la sala de reuniones comenzó en diciembre de 2015, pero no fue hasta el mes de febrero de 2016 que la Alcaldía de Libertador solicitó al Concejo Legislativo que aprobase la cantidad de 266,8 millones bolívares para financiar la obra. En el orden del día, de la quinta sesión ordinaria del mes de febrero de 2016, se le identifica como el informe N° 16-002, presentado por la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno. Los recursos para el crédito adicional saldrían del tesoro municipal provenientes de “un mayor rendimiento de las reservas calculadas en la ordenanza sobre presupuesto de ingresos y gastos municipales del presente ejercicio fiscal”.

El documento también especifica que el proyecto lo ejecuta la empresa Prohábitat Libertador C. A., adscrita a la alcaldía, que también tuvo a su cargo la construcción de la ciclovía, la rehabilitación de las calles transversales al bulevar de Catia, el parque Cipriano Castro —previsto para ser realizado en las instalaciones de la antigua cárcel de La Planta—, así como el mantenimiento integral de los teatros de Caracas, que pertenecen a la municipalidad.

El punto de cuenta fue aprobado, con el voto en contra de los concejales de oposición.

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Kadary Rondón, concejal de Un Nuevo Tiempo del municipio Libertador, señala que cuando se solicitó el crédito “ya la obra estaba a medio camino”. Rondón sostiene que el informe del IPC debió llegar junto con el punto de cuenta, pero no fue así. “El presidente de la Cámara, Nahúm Fernández, me aseguró que el permiso existía y que me lo enviaría, pero no he recibido nada. Enviamos un oficio al IPC solicitándolo directamente y tampoco respondieron, hubo silencio administrativo. Acá lo que corresponde es parar la obra y su demolición”, puntualiza Rondón.

Jesús Armas, concejal por Primero Justicia, agrega que además de violar la Ley de Defensa del Patrimonio, “es absurdo que se hayan aprobado más de 200 millones de bolívares en la construcción de una sala de reuniones para el alcalde, cuando solo se aprobaron 13 millones de bolívares para la seguridad ciudadana. Además, no dieron debate, lo aprobaron y ya”.

 

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El Estímulo/ por

FOTOGRAFÍA DE PORTADA: DAGNE COBO BUSCHBECK

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