La activista hispano-venezolana Rocío San Miguel cumple un mes en la prisión del Helicoide en Caracas, bajo cargos de participar en la supuesta conspiración llamada ‘Brazaletes blancos’ y trabajar como «espía».
Pese a su reconocimiento en la sociedad civil venezolana, San Miguel enfrenta condiciones severas en prisión, y su familia pide la intervención del Gobierno español para velar por su proceso.
La hija de San Miguel, Miranda, la visitó recientemente y declaró que su madre se encuentra fortalecida y confiada de su inocencia.
La familia solicita al gobierno español acompañar el proceso hasta que Rocío pueda demostrar su inocencia y obtener la libertad.
Pese a los contactos entre el ministro de Exteriores español y el canciller chavista, San Miguel se mantiene incomunicada, y sus abogados no han tenido acceso a su expediente, lo que genera preocupación por su indefensión.
Las acusaciones incluyen trabajar como «espía», recibir pagos de una empresa petrolera y proporcionar información sobre defensas antiaéreas a embajadas europeas.
La «pruebas» presentadas incluyen mapas de regiones militares de Venezuela, de acceso público y académico.
La preocupación persiste, y la familia busca que San Miguel pueda acceder a sus abogados y garantizar un proceso justo.
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