El abogado procesal penal, Rafael Narváez, mostró su desacuerdo con el Estado venezolano por oponerse a que las víctimas de violaciones de derechos humanos (DDHH) acudan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
El defensor de los derechos humanos sostiene que “es más que imposible limitar a víctimas a que acudan a la CPI” y que los “crímenes de lesa humanidad ocurridos en 2017 son imborrables”.
Catalogó como “irrespetuoso” la intención de la administración de Maduro de oponerse a que la sala de cuestiones preliminares de la CPI dé el permiso al fiscal Karim Khan para retomar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La cadena de mando del “Plan Zamora” que fue el encargado de reprimir las protestas de 2017 es la que debería ser procesada, ya que las acusaciones contra funcionarios de bajo rango con crímenes que no son de lesa humanidad es “mentirle” a la CPI en su investigación, puntualiza el abogado.
“callar el dolor de familiares y víctimas de tan horrendos crímenes e intentar congelar el expediente basado en informes de la fiscal saliente, del consejo general para los DDHH de la ONU con testimonios, pruebas es ingenuidad por parte del Estado. Para finalizar el abogado penalista insistió en lo que ha venido sosteniendo por mucho tiempo, la única esperanza es la CPI”, indicó.
A principio del mes de noviembre, el fiscal Karim Kham, realizó la solicitud para reabrir la investigación sobre las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad de Venezuela.
Además, hace unas semanas se conoció que la CPI recibiría documentos con otros 32 nuevos casos de víctimas de violaciones de derechos humanos, según informó Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad.
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