El director de Investigaciones de la ONG Provea, Marino Alvarado, y el criminólogo Luis Izquiel señalan los factores que impiden que políticas de seguridad ciudadana, como la Gran Misión Cuadrantes de Paz, se quedan en el discurso sin dar resultados satisfactorios
El gobierno de Nicolás Maduro relanzó en febrero de 2020 la llamada Gran Misión Cuadrantes de Paz, estrategia orientada a brindar seguridad a la población y que había sido creada en 2018 con algunos ensayos de establecer espacios territoriales en los que se garantizaba la presencia policial, así como la puesta a disposición de los ciudadanos de un número telefónico (911) a través del cual se atenderían las incidencias ocurridas en dicho espacio, pero que no logró avances importantes ante la actuación de las bandas criminales que operan en el país.
El mandatario venezolano destacó entonces la participación de la población en las labores de defensa y seguridad en el marco de estos cuadrantes de paz, que engloba las políticas de seguridad del Estado.
«Las comunas, consejos comunales, los CLAP, las unidades populares de defensa integral son instrumentos fundamentales de la seguridad del país. Es el pueblo, entrenado, organizado, adiestrado y comprometido para la defensa militar del país», expresó en esa oportunidad.
Aseveró que ese pueblo que va adiestrándose junto a todos los órganos de seguridad ciudadana debe dar un resultante concreto en el cuadrante de paz.
Desde entonces, y de manera más pronunciada luego de que el almirante en jefe Remigio Ceballos Ichaso asumió el despacho de Interiores, Justicia y Paz, en agosto de 2021, se han hecho grandes anuncios en materia de seguridad ciudadana. No obstante, expertos en la materia entrevistados por TalCual, coinciden en que los mismos no darán los frutos esperados dado que toda la política de seguridad del Estado está basada en presupuestos teóricos equivocados o sirven solo para cuidar la imagen en la búsqueda de hacer ver que se está trabajando para mejorar la situación.
Ceballos Ichaso ha anunciado la multiplicación del número de cuadrantes de paz, la dotación de equipos para los diferentes organismos de seguridad ciudadana, la lucha contra los abusos policiales con la creación de oficinas de control interno e impulsando la línea VEN 9-1-1 para las denuncias sobre actuaciones ilícitas de los funcionarios de seguridad, y la rehabilitación de los recintos penitenciarios del país. Todo ello haciendo hincapié en la orientación del respeto a los derechos humanos que regirá la actuación de los funcionarios de seguridad.
Paralelamente, la Asamblea Nacional dominada por amplia mayoría oficialista, discute un proyecto de ley, ya aprobado en primera discusión, que regirá la materia de los cuadrantes de paz; así como reformas a la Ley del Estatuto de la Función Policial y a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, a la vez que se ha puesto en marcha una reforma del sistema de justicia.
Todo esto ocurre en el marco de los informes que han emitido la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, quien ha señalado la sistemática violación de DDHH en el país y ha recomendado la disolución de organismos como las FAES. Por su parte, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que ha denunciado delitos que pudieran ser calificados como de lesa humanidad, además de la investigación formal anunciada en noviembre de 2021 por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, acerca de supuestos delitos de lesa humanidad.
Territorialización de las acciones de seguridad ciudadana
A pocos días de asumir el cargo como ministro de Interior, Justicia y Paz, Ceballos Ichaso explicó que la Gran Misión Cuadrantes de Paz es la estrategia fundamental para la seguridad ciudadana a través de la territorialización de la acción del pueblo y la interacción entre los ciudadanos y los cuerpos policiales en unión cívico-policial.
«En la medida que se desarrolle el trabajo en los 2.435 Cuadrantes de Paz y superemos progresivamente los 4 mil, vamos a garantizar un control férreo en la lucha contra el delito en todo el territorio nacional», prometió el ministro.
Hizo énfasis también al declarar que no permitirá desviaciones ni abuso de poder por parte de los funcionarios y para ello destacó que la línea Ven 9-1-1 estaba a disposición de los ciudadanos para hacer denuncias sobre corrupción y abusos por parte de los cuerpos de seguridad.
En octubre de 2021, el titular de Interiores, Justicia y Paz dirigió una revisión del Sistema Integrado de Policía, junto a directores de inspectorías para el control de la actuación policial e integrantes de los consejos disciplinarios. Allí se abordó el tema de la reforma del Estatuto de la Función Policial y anunció la creación de oficinas de reacción contra el desvío policial.
El secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, Pablo Fernández, detalló el 23 de octubre que a los proyectos de leyes estatutarias policiales fueron incorporados cuatro artículos que tienen que ver con la creación de una nueva figura, a saber, la Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos, y explicó que esta instancia funcionará como una supra inspectoría de DDHH adscrita al MIJP, para recibir, tramitar e investigar denuncias a nivel disciplinario.
Ya en diciembre del mismo año, Ceballos Ichaso anunció la creación de Casas de Justicia y Paz, con el objetivo de llevar la justicia penal hasta las comunidades «con contraloría e interconexión con el pueblo». También anunció que entre el 2022 y 2024 se rehabilitarían varios centros penitenciarios del país.
En ocasión de la graduación como custodios asistenciales de 617 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Ceballos Ichaso afirmó que esos hombres y mujeres «van a dar el todo por el todo para trabajar al frente de la custodia, cumpliendo con los estándares internacionales referidos al respeto digno al privado de libertad que se encuentra en proceso de rehabilitación en los diferentes centros penitenciarios del país».
En enero de 2022, el MIJP creó el Comando Nacional Unificado contra Incendios Forestales, como parte del vértice llamado Gestión de Riesgo y Protección Civil, de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Igualmente destacó que se están reimpulsando las brigadas de control y atención de emergencia industrial para enfrentar el sabotaje a las instalaciones petroleras e industriales.
Finalmente, en marzo del presente año, anunció la activación del Sistema de Investigación, Antiextorsión y Secuestro, un instrumento para el registro, búsqueda, consulta y verificación de datos vinculados a la investigación de los delitos de extorsión y secuestro.
Precisó que el sistema posee interface con los sistemas del Saime, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT)y el Siipol y permitirá generar una base de datos consolidada, así como estadísticas para el seguimiento, control y toma de decisiones acertadas para el combate de las bandas criminales a nivel nacional.
Política discriminatoria
El abogado y coordinador de investigación de la ONG Provea, Marino Alvarado, advierte que las políticas de seguridad ciudadana implementadas por el Ejecutivo no logran sus objetivos porque están basados en unas creencias erradas.
«Persiste una política de seguridad ciudadana que es bastante discriminatoria, porque parte de dos criterios infundados; en primer lugar, que los delincuentes son los jóvenes de los barrios y por eso los operativos de seguridad se hacen fundamentalmente en zonas populares para perseguir a los jóvenes, y, en segundo lugar, es que la política de seguridad es eficiente en la medida que sea más letal, por lo que se sigue evaluando de acuerdo a la cantidad de delincuentes asesinados», expresó Marino Alvarado.
Marino Alvarado Provea
Indicó que, bajo esos dos criterios, la actuación de los organismos de seguridad ha dado como resultado una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales, 3.034 en 2020, 1.414 en 2021 de acuerdo al monitoreo realizado en conjunto por Provea y el Centro Gumilla.
Recordó que lo que pretendió ser un modelo de seguridad ciudadana, que comenzó con la misión A toda Vida Venezuela, partía del criterio de que no se debía criminalizar al joven pobre, de no llevar más violencia a las zonas populares, y, además, suponía que esa política iba a avanzar sobre la base de ser efectiva respetando los derechos humanos y particularmente el derecho a la vida.
«Se hizo énfasis en que se iba a hacer uso progresivo y diferenciado uso de la fuerza, operaciones menos letales orientados a detener al delincuente. Eso se quedó en teoría», lamentó Alvarado.
Añadió que hay otro elemento que contribuye al fracaso de las políticas de seguridad y es la militarización de las labores.
«Se planteó que las políticas de seguridad ciudadana debían ser implementadas por los cuerpos civiles, las policías, que debía haber un proceso de desmilitarización de las policías y de dichas políticas y lo que ha ocurrido es lo contrario».
Señaló que la política de los Cuadrantes de Paz está sustentada en la Guardia Nacional, uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, por lo que se trata de algo inconstitucional ya que el texto fundamental de la nación establece que es materia que corresponde a las policías civiles.
«Se está en proceso de reestructuración de la Policía Nacional y quienes dirigen el proceso son dos generales. Hay un afianzamiento de la militarización de la política de seguridad ciudadana. El problema no es, teóricamente si son policías o militares (quienes desarrollan estas políticas), se trata de que el militar está formado para concebir a su contrincante como un enemigo, está formado para la guerra, cuando el funcionario policial debería ser formado para enfrentar a un ciudadano que tiene conductas desviadas de lo que debe ser el comportamiento de la sociedad y le debe perseguir, procesar, pero no considera que debe liquidarlo, lo que sí ocurre en la filosofía del militar», explicó el activista de derechos humanos.
Política discursiva
El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel observa que hay dos políticas en el accionar del gobierno de Nicolás Maduro, una que se anuncia discursivamente y otra que se aplica.
«Esto lo empezó (el exministro de Interior y Justicia) Miguel Rodríguez Torres, que trajo eso de los cuadrantes de paz, que consistía en que las zonas del país iban a estar divididas en cuadrantes, espacios específicos donde iba a actuar un cuerpo policial, con funcionarios que iban a tener unos números telefónicos, asignados a ese espacio. Eso no existe, se la pasan hablando de ello, pero no funciona, las personas no saben de ello y si han oído hablar del tema no saben el número telefónico de su cuadrante”, aseveró Luis Izquiel.
Luis Izquiel
El también profesor universitario sostuvo que la política verdadera del Ejecutivo chavista es la de los operativos policiales: «Hacen operativos y el resultado es un poco de gente muerta. Hay informes de ejecuciones extrajudiciales, como el de Provea y el Centro Gumilla y los informes de la Alta Comisionada para los DDHH de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y de Human Rights Watch, que hablan de una política de exterminio disfrazada de operativos».
Izquiel advirtió que se trata de una política que a veces tiene efectividad en la reducción de la criminalidad porque, en ocasiones, entre los muertos, hay miembros verdaderos de pandillas de delincuentes, pero a veces no y se trata de gente inocente.
Indicó que el mejor ejemplo de una política de cuadrantes de paz bien ejecutada es Colombia: «Todavía se aplica, por parte de la Policía Nacional con bastante éxito, se trata de sectorizar los municipios, las ciudades, y asignar policías que están encargados de tener un acercamiento con las comunidades, de reunirse con las personas, que las personas sepan el número y los funcionarios conozcan a las personas y el sector. La policía chilena, los carabineros, también la aplicaron. Desde el punto de vista teórico hay experiencias que indican que eso funciona».
Apariencia institucional
Sobre la línea VEN 911 y la creación de oficinas de reacción contra el desvío policial, Marino Alvarado precisó que es parte de lo que las ONG de DDHH han calificado como una fachada que está montando el gobierno de Nicolás Maduro frente a las presiones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
«Las inspectorías de policía no funcionan para corregir las desviaciones tradicionales, matraqueo, abusos policiales, mucho menos para situaciones que tengan que ver con violaciones de derechos humanos. Hay denuncias de masacres, de ejecuciones, pero no se abren procedimientos internos, ni a nivel nacional ni en las policías estadales ni municipales», apuntó.
Añadió que los pocos expedientes que se han abierto por desviaciones o abusos policiales se han hecho por conflictos entre los propios policías por cuestiones administrativas y que realmente no hay una voluntad de incrementar el control ciudadano sobre la policía.
A su vez, Luis Izquiel indicó que ve positivamente la creación de instancias donde se pueda denunciar los abusos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. No obstante, acotó que las denuncias sobre este tipo de actuaciones se han hecho durante décadas sin las debidas respuestas o correctivos por parte de las autoridades.
«El 911 se supone es una línea para emergencias y un reciente libro de Transparencia Venezuela, habla de guisos con las líneas 171 (que fue la que se utilizó hasta 2014) y 911, se trata de dinero dilapidado, de una infraestructura que nunca se construyó y falta de respuesta a los ciudadanos. Anteriormente tenía un fin distinto, para denuncias ciudadanas de eventos delictivos y emergencias», detalló Izquiel.
El abogado estima que el problema de este tipo de iniciativas es que las denuncias las tramitan los propios organismos cuyos funcionarios han incurrido en desviaciones: «Denuncias a un policía nacional bolivariano y lo tramitan en la propia Policía Nacional Bolivariana, igual con pasa con el Cicpc. En otros países existen comités externos, compuestos por ONG y personalidades que constituyen instancias de análisis de la denuncia contra funcionarios policiales. Creo que eso funcionaría mejor», enfatizó.
Delatores
En cuanto al establecimiento de Casas de Justicia y Paz en las comunidades, Marino Alvarado señaló que se ha hecho un esfuerzo muy peligroso e irresponsable por parte de los organismos policiales, especialmente de la Policía Nacional y el Cicpc para tratar de comprometer a la gente en los barrios para que sean delatores.
Lea también: Espías en el barrio, por Javier Ignacio Mayorca
«Tratan de convertirlos en confidentes de la policía, pero es una política irresponsable porque no garantizan la seguridad a la gente por esa labor, lo que ha traído como consecuencia que los delincuentes han sacado a familias o han asesinado a personas porque les llega información que son los que han hecho las denuncias», sostuvo Alvarado.
Citó el caso dos mujeres, una maestra y una ama de casa asesinadas cerca de la población de Barlovento, estado Miranda, en 2021 y el de otra que fue quemada en público en El Guarataro, Caracas, en el mismo año.
«Los funcionarios deberían tener una aproximación con la comunidad en labores preventivas, pero esto no va a existir mientras no se genere confianza de la población en la policía. Si la policía llega, es a abusar de la gente en los barrios, con allanamientos, se llevan las cosas de las personas o asesinan», advirtió.
Luis Izquiel insistió en que el gobierno hace anuncios retóricos para dar la sensación de que se están haciendo cosas, pero estima que realmente se improvisa.
En este sentido citó el caso del anuncio de la creación del Sistema Integrado Antiextorsión y Secuestro, y recordó que previamente se crearon los GAES (Grupos Antiextorsión y Secuestro), y en 2013 el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, y actualmente la extorsión es el delito de mayor crecimiento en Venezuela.
«El secuestro ha disminuido, pero es porque antes ocurría mucho la modalidad exprés, que era al azar y ha disminuido mucho, no así el secuestro largo, que va contra una víctima específica», comentó Izquiel.
Intención política
Marino Alvarado resaltó que los temas de seguridad ciudadana siempre han estado vinculados al tema electoral, no solo a nivel nacional, sino en gobernaciones. Al respecto citó el caso de la Policía del estado Carabobo, que según el informe Lupa por la Vida es la más letal del país.
«El gobernador, Rafael Lacava, hace uso de esa política como parte de su campaña política, lo que tiene graves consecuencias en los jóvenes de las zonas populares que caen asesinados por la acción de los cuerpos de seguridad», apuntó Alvarado.
Para Izquiel, lo que mueve el impulso de estas políticas de seguridad no es electoral y argumenta que en el presente año se está lejos de un proceso comicial (el próximo evento será la elección presidencial de 2024).
«Todos estos anuncios tienen un efecto retórico, discursivo. La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que señalan los ciudadanos, pero no es el primero. Hoy son los problemas económicos, el hambre, la pobreza, el empleo precario, lo que preocupa a la población. Se trata de un ejercicio retórico de los que dirigen las instituciones del sistema policial del sistema de justicia, aunque en la práctica aplican lo que está plasmado en los informes de los organismos de derechos humanos», puntualizó Izquiel.
Booking.com
