El gobierno de Donald Trump anunció oficialmente la revocación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, una medida que deja en riesgo de deportación a cerca de 350.000 ciudadanos que habían obtenido esta protección en años recientes.
La decisión, tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pone fin a la extensión de 18 meses del TPS que había sido aprobada bajo el mandato del expresidente Joe Biden. A partir de este lunes, los venezolanos beneficiados en 2023 perderán su estatus una vez que expire el permiso, quedando expuestos a la posibilidad de ser deportados.
🔴 Motivos de la revocación
Según el comunicado oficial, Noem determinó que el TPS para Venezuela ya no es compatible con los intereses de EE UU, tras una evaluación de las condiciones del país sudamericano.
La decisión se da pocos días después de que el gobierno de Trump lograra un acuerdo con Nicolás Maduro para gestionar la repatriación de ciudadanos venezolanos. La semana pasada, el enviado especial de Trump, Ric Grenell, viajó a Caracas, donde sostuvo una reunión con Maduro en el Palacio de Miraflores. Como parte del encuentro, además de discutir la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela, se negoció el retorno de migrantes venezolanos mediante vuelos de deportación.
📉 Impacto en la comunidad venezolana
El TPS había permitido a más de 600.000 venezolanos residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Este programa se otorga a ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales, brindándoles protección temporal hasta que se considere seguro su regreso.
Sin embargo, esta revocación genera incertidumbre para miles de familias venezolanas, muchas de las cuales llegaron a EE UU huyendo de la crisis en su país. Organizaciones pro-migrantes han alertado sobre el riesgo humanitario que representa esta decisión, dado que muchos de los beneficiarios podrían ser deportados a un país donde aún persisten dificultades económicas y sociales.
Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar varias protecciones migratorias, afectando a ciudadanos de países como Haití, El Salvador y Sudán. Ahora, su administración vuelve a aplicar una política más restrictiva, alineada con su agenda de endurecer las normas de inmigración.
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