El Gobierno de Venezuela emitió un enérgico comunicado en el que rechaza la separación de una menor venezolana de su familia, acto que calificó como una «práctica inaceptable» y una violación de los derechos humanos. Además, denunció que el padre de la niña, Maikel Espinoza-Escalona, habría sido «secuestrado» y trasladado sin juicio previo a un centro de detención en El Salvador, bajo el «régimen autoritario» del presidente Nayib Bukele.
En su pronunciamiento oficial, Caracas comparó esta situación con los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, condenando el hecho como una «práctica deleznable» de trato inhumano hacia ciudadanos venezolanos.
Según el comunicado, no existen pruebas que justifiquen las acusaciones contra los padres de la menor, quienes han sido señalados «injustamente» como amenazas a la seguridad de Estados Unidos. El Gobierno de Nicolás Maduro sostiene que la verdadera razón detrás de las acciones emprendidas es el simple hecho de «haber nacido en Venezuela», y acusa a sectores de la extrema derecha de apoyar estas violaciones a los derechos fundamentales.
Ante esta situación, Venezuela anunció que activará «todos los mecanismos jurídicos, diplomáticos y multilaterales necesarios» para exigir la devolución inmediata de Maikelys Antonella Espinoza Bernal, exigiendo respeto a las leyes internacionales y al derecho de la menor a reunirse con su familia. El comunicado recuerda los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, destacando el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, la identidad, la vida familiar y la protección contra el abuso y la explotación.
Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó que la niña fue separada de sus padres debido a los presuntos vínculos de estos con la organización criminal Tren de Aragua. El DHS señaló que Maikel Espinoza-Escalona era considerado un «teniente» de la organización, acusado de supervisar homicidios, tráfico de drogas, secuestros y la operación de centros de tortura. Asimismo, se indicó que la madre, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, presuntamente reclutaba mujeres para redes de prostitución y narcotráfico.
Ambos progenitores habrían ingresado de manera ilegal a Estados Unidos y tenían órdenes de deportación activas. En consecuencia, el DHS, en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), decidió excluir a la niña del proceso de deportación por razones de seguridad. Actualmente, la menor se encuentra bajo la protección de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y vive con una familia de acogida.
Un alto funcionario del DHS, que habló bajo condición de anonimato, afirmó: «Debido a las actividades criminales violentas de los padres, que incluyen tráfico sexual y operación de centros de tortura, retiramos a la menor de su custodia. No permitiremos que sufra abusos».
Por su parte, la administración de Donald Trump resaltó que, en menos de 100 días, ha logrado reunificar a 5.000 menores no acompañados con sus familiares o tutores legales. Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, reafirmó que continuarán ejecutando acciones firmes para «proteger a menores de explotación sexual y crimen organizado».
¿Qué opinas de la postura asumida por Venezuela en este caso? Déjanos tu comentario.
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