La salida de cinco opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas no solo encendió la furia del régimen de Nicolás Maduro, sino que también desató una nueva ola represiva contra dirigentes, activistas, médicos y periodistas en todo el país. Desde detenciones arbitrarias hasta desapariciones forzadas, la represión tomó un ritmo más brutal en las últimas 72 horas.
Los primeros casos ocurrieron apenas días después de que se conociera que Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Omar González y Humberto Villalobos —todos miembros del equipo de María Corina Machado— lograron salir del país tras estar más de un año asilados en la sede diplomática. Esa acción, calificada como “rescate” por Washington y como “acuerdo político” por Diosdado Cabello, marcó un antes y un después en la escalada de persecución interna.
El lunes 5 de mayo, el profesor Rafael Antonio Torres, secretario de formación del partido Proyecto Venezuela en Miranda, fue arrestado por el Sebin en su propia casa. Fue golpeado y desde entonces se encuentra desaparecido, sin acceso a abogados ni a sus familiares. Un día después, en Carabobo, el periodista y militante político Mario Chávez Cohen corrió la misma suerte. Fue detenido junto a su madre, quien fue liberada horas más tarde. Él continúa desaparecido.
La represión no se detuvo ahí. El 7 de mayo, Merlina Carrero, abogada y activista de derechos humanos en el Táchira, fue llevada por la fuerza sin orden judicial. Apenas dos horas después, el médico Omar Vergel —miembro de Médicos Unidos— fue interceptado frente a su casa en San Cristóbal por hombres vestidos de negro. También está desaparecido.
Paralelamente, la ONG Madres en Defensa de la Verdad denunció que su cuenta de Instagram fue atacada el mismo día en que lanzaban su campaña “Día de las Madres sin Hijos Presos”, destinada a visibilizar la situación de cientos de jóvenes encarcelados tras protestar contra el presunto fraude electoral del 28 de julio.
El patrón se repite: arrestos sin orden judicial, incomunicación absoluta, y un entorno de intimidación sistemática que recuerda los peores momentos de regímenes autoritarios. Mientras el chavismo insiste en que se trata de una “investigación legal”, la comunidad internacional comienza a alzar la voz frente a lo que claramente parece una campaña de retaliación política.
¿Crees que el régimen cruzó una línea sin retorno? ¿Estamos ante una nueva ola de terror de Estado? Déjanos tu opinión en los comentarios.
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