Tras cinco años de debate legislativo, Uruguay aprueba la eutanasia y se convierte en el primer país de América Latina en legalizarla por vía parlamentaria. Con 20 votos a favor de los 31 senadores presentes, el proyecto de ley “Muerte digna” fue aprobado, marcando un hito en la ampliación de derechos en la región.
La decisión generó reacciones inmediatas. Defensores de la muerte asistida celebraron el avance como un acto de humanidad y libertad. Florencia Salgueiro, activista uruguaya, se mostró conmovida durante la sesión: “Hoy ganamos dignidad. Hoy ganamos paz”, expresó entre lágrimas.
Uruguay aprueba la eutanasia en un contexto de creciente apoyo social. Según la consultora Cifra, el 62% de los ciudadanos respaldaba la iniciativa. El proyecto permite que personas con enfermedades incurables y sufrimiento extremo soliciten asistencia médica para morir, bajo estrictos protocolos éticos y clínicos.
La ley establece que el paciente debe ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales y presentar una solicitud voluntaria, informada y reiterada. Además, se requiere la evaluación de al menos dos médicos y la aprobación de un comité ético. El proceso podrá realizarse en hospitales públicos o privados, y también en el domicilio del paciente.
Uruguay aprueba la eutanasia y se suma a un grupo reducido de países que regulan esta práctica. En Europa, naciones como Bélgica, Países Bajos y España ya cuentan con leyes similares. En América Latina, solo Colombia y Perú han autorizado la eutanasia, pero por fallos constitucionales, no por legislación parlamentaria.
El debate en el Senado duró más de diez horas. Legisladores expusieron argumentos éticos, religiosos, médicos y filosóficos. Aunque algunos sectores conservadores se opusieron, la mayoría coincidió en que el Estado debe garantizar el derecho a morir con dignidad. “No es una ley para la muerte, es una ley para la libertad”, afirmó la senadora Lucía Etcheverry.
Organizaciones médicas han comenzado a preparar protocolos de formación para profesionales que participen en estos procedimientos. También se han activado líneas de acompañamiento psicológico para pacientes y familiares. La implementación será gradual, con supervisión del Ministerio de Salud Pública.
La Iglesia Católica expresó su desacuerdo, pero llamó al respeto mutuo. En un comunicado, pidió que se refuercen los cuidados paliativos y se promueva el valor de la vida. Sin embargo, el gobierno aseguró que ambas vías pueden coexistir, y que la ley no obliga a ningún médico a participar si tiene objeciones personales.
Redaccion Mundo24