La imagen que circula en la cuenta @elorinocoinforma no es un “raspón” pasajero en la selva: es la radiografía de cómo la minería —en especial la ilegal, tolerada y muchas veces protegida por el poder— está desfigurando el sur de Venezuela, convirtiendo bosques milenarios en cráteres de barro y agua envenenada. Lo que allí se denuncia, con la frase “así destruyen un ecosistema”, encaja con lo que vienen documentando ONG, periodistas y comunidades indígenas: un ecocidio a cielo abierto en el Arco Minero y alrededores, donde por buscar oro se está hipotecando el futuro de la Amazonía venezolana y de las generaciones que dependen de ella.
Selva convertida en huecos y ríos sin peces
En los comentarios del propio post, un exmilitar que estuvo en esas minas relata que las aguas cercanas están muertas: “no hay peces… el químico que le echan a esas aguas para sacar el oro mata a los peces”. Esa experiencia coincide con estudios científicos y ambientales que muestran cómo el uso masivo de mercurio y otros compuestos para separar el oro ha contaminado ríos y quebradas al sur del Orinoco, reduciendo la diversidad biológica y dejando concentraciones elevadísimas de este metal en peces y en el cuerpo de las personas que dependen de ellos para alimentarse.
Investigaciones de la Fundación La Salle sobre mujeres indígenas pemón, ye’kwana y sanema hallaron que 95% tenía en su cabello niveles de mercurio cinco veces por encima del límite fijado por la OMS, una señal de envenenamiento crónico asociado al consumo de pescado contaminado. Informes recientes recogen que, en la Guayana venezolana, se han detectado concentraciones altas de mercurio en tejidos de peces —sobre todo carnívoros y detritívoros— y una caída de la diversidad en ríos mineros; exactamente lo que cuentan quienes vivieron años en esos campamentos y hoy describen ríos sin fauna acuática.
Un ecocidio que se ve desde el satélite
Usuarios del post apuntan que “desde Google Earth se ve cuáles son las zonas de explotación claramente”, y no exageran. Monitoreos satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y de redes como RAISG han documentado la pérdida de más de 140.000 hectáreas de bosque primario en Venezuela entre 2016 y 2020 vinculada al avance de la minería, con manchas de deforestación que se expanden como lepra alrededor de los ríos y en áreas protegidas.
Esas imágenes muestran ríos desviados, cauces abiertos artificialmente y planchas de arena donde antes había selva densa, generando alteraciones severas en el clima local, el ciclo del agua y la capacidad del bosque para absorber carbono. Organizaciones como RAISG describen la situación como un “desastre ambiental y sociocultural” al sur del Orinoco, por el impacto simultáneo sobre ecosistemas fluviales y sobre unos 34 pueblos indígenas asentados en unas 1.600 comunidades.
Mafias, guerrillas, “sindicatos” y militares: quién manda en las minas
Otro comentario en el reel lo resume sin rodeos: “esos territorios son controlados por mafias y grupos criminales, como el ELN, Tren de Aragua, y un largo etcétera… y las autoridades, bien gracias, brillan por su ausencia”. Informes de International Crisis Group, Fundaredes y estudios académicos coinciden en que, en el Arco Minero y zonas vecinas, operan una mezcla de grupos armados: “sindicatos” (bandas criminales venezolanas), disidencias de las FARC, frentes del ELN y sectores de la propia Fuerza Armada que se reparten minas, “vacunas”, pistas clandestinas y rutas de contrabando.
Fundaredes ha denunciado que guerrillas colombianas como ELN y FARC, junto a bandas locales, controlan espacios enteros del Arco Minero para financiarse, sometiendo a comunidades indígenas mediante violencia y explotación laboral. International Crisis Group habla de una “maldición del oro” que ha convertido el sur de Venezuela en zona crítica de violencia, contaminación y ruptura del tejido social, con masacres, desplazamientos forzados y una economía paralela dominada por armas y dragas.
Salud rota y comunidades atrapadas en la “fiebre del oro”
El reel recoge también la frustración de quienes señalan que “no hay un minero que se haya hecho rico” y que todo esto funciona como “un sistema de alienación”. Reportajes de Infobae, El País y otros medios describen campamentos donde cientos de personas trabajan en condiciones precarias, expuestas a derrumbes, enfermedades, violencia sexual y contaminación, mientras las grandes ganancias suben por la cadena hasta redes criminales y actores de poder.
El uso prolongado e indiscriminado de mercurio genera, además de daños ambientales, problemas neurológicos, renales y malformaciones en recién nacidos, como han advertido organizaciones médicas y ambientales: miles de litros de metal pesado van a parar cada día a los ríos, contaminando peces, cultivos y fuentes de agua de comunidades indígenas y campesinas. Para muchas familias, como dicen varios comentarios, la minería es al mismo tiempo escape y condena: “la gente anda resolviendo”, pero lo que resuelven es sobrevivir hoy a costa de quedarse sin tierra, sin agua limpia y sin futuro mañana.
“El real ecocidio de nuestro país”
“Real ecocidio”, “la gente y sus ganas de destruirlo todo”, “tenemos un solo planeta”… la sección de comentarios del video parece un coro de duelo y rabia. Esa percepción ciudadana coincide con el diagnóstico de ONG y expertos: la combinación de minería descontrolada, químicos tóxicos, grupos armados y complicidad de autoridades está destruyendo uno de los ecosistemas más valiosos del país y de la cuenca amazónica.
Mientras en redes se repite la frase “eso crece de nuevo”, la evidencia científica dice otra cosa: la selva tropical puede tardar décadas —o siglos— en recuperar su cobertura y su biodiversidad originales, y en muchos casos el daño a ríos, suelos y culturas indígenas es directamente irreversible. Por eso ambientalistas hablan de la minería ilegal en el sur de Venezuela como una bomba de tiempo que no solo está estallando allí, sino que, por la contaminación de ríos compartidos, ya alcanza a países vecinos como Colombia y Brasil.
En resumen, lo que muestra y denuncia ese reel no es un caso aislado ni una exageración: es la ventana a una política —formal o tolerada— que ha hecho de la minería un negocio rápido para unos pocos y una condena lenta para la naturaleza y las comunidades. Y sí: vistos los cráteres, los ríos muertos y las comunidades enfermas, hay una frase que se queda corta pero igual aplica para quienes han manejado este modelo de “desarrollo”: destruyen todo lo que tocan.