La visita del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas terminó de ponerle reflectores a una zona que durante años fue sinónimo de devastación y crimen: el Arco Minero del Orinoco. Bajo el gobierno de Donald Trump, Washington ha empezado a tratar esa franja del sur de Venezuela como un objetivo estratégico, tanto por sus minerales críticos como por la necesidad de sacar del medio a las redes criminales y grupos armados que hoy mandan allí.
Con una extensión de 111.843,70 kilómetros cuadrados, el Arco Minero fue creado en 2016 por decreto de Nicolás Maduro como “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional” en el estado Bolívar, limítrofe con Brasil y Guyana. El propio Plan Sectorial Minero 2019‑2025 del chavismo reconoce que en esa área abundan bauxita, tierras raras, hierro, oro, cobre, caolín, dolomita y coltán, es decir, un catálogo completo de minerales clave para industrias como la electrónica, las baterías, la defensa y la transición energética.
El giro ahora es que Washington ha decidido dejar de mirar ese mapa solo como un desastre ambiental y de derechos humanos, y empezar a verlo como una carta en su estrategia de asegurar minerales críticos fuera de China. Burgum llegó a Venezuela acompañado de ejecutivos de compañías mineras, se reunió con ellos en Caracas y luego sostuvo un encuentro con la presidenta interina Delcy Rodríguez en Miraflores, con una agenda centrada en cadenas de suministro, inversiones y “construir un sector minero legítimo” bajo estándares internacionales.
Qué es exactamente el Arco Minero
El Arco Minero del Orinoco abarca cuatro grandes áreas al sur del río, en el estado Bolívar, y se superpone con territorios que incluyen parques nacionales, reservas forestales y tierras indígenas. Dentro de su perímetro están Canaima —donde se encuentra el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, con 979 metros— y el parque Jaua‑Sarisariñama, ambos formalmente protegidos por la ley.
Aun así, desde hace al menos dos décadas la zona se convirtió en epicentro de minería de oro ilícita, que se disparó en los últimos diez años a medida que grupos criminales y guerrillas se hicieron con el control de grandes áreas de Bolívar y Amazonas. Informes como “La maldición del oro”, de International Crisis Group, y estudios de SOS Orinoco y del Observatorio de Ecología Política documentan una trama donde participan aventureros brasileños y colombianos, disidencias de las FARC, frentes del ELN y bandas venezolanas que dominan minas, trochas, pistas clandestinas y poblados enteros.
La militarización ordenada por el Estado no ha frenado esa dinámica; solo la ha reconfigurado. Denuncias de periodistas y comunidades locales apuntan a que en lugares como Yapacana o El Callao la explotación sigue, pero ahora “bajo estricta vigilancia militar”, en una suerte de co‑gestión entre fuerzas armadas y grupos armados organizados, con fosas comunes, desapariciones y masacres que han salido a la luz tras algunos operativos.
Por qué Trump puso el ojo ahí
La apuesta de la administración Trump combina seguridad, geopolítica y negocios. Según detallan Reuters, AP y portales especializados, el objetivo es atraer inversión privada estadounidense hacia la minería venezolana para asegurar acceso directo a oro, cobre, coltán y otros minerales críticos, reducir la dependencia de China en esos insumos y, al mismo tiempo, desmantelar el entramado mafioso que se tejió bajo el paraguas del Arco Minero.
Burgum lo dejó entrever al decir, tras su visita, que veía “tremendas oportunidades” y que el nuevo gobierno venezolano estará “muy preocupado por proveer el tipo correcto de seguridad” para estos proyectos. Su viaje siguió al del secretario de Energía, Chris Wright, que ya había promocionado una “dramática” ampliación de la producción de petróleo y gas de Venezuela, y ahora la agenda se amplía claramente a minerales.
Una pieza adicional del rompecabezas es el oro. El portal Axios reveló que funcionarios de la administración Trump negocian con la estatal Minerven un acuerdo para vender hasta una tonelada de oro al mercado estadounidense, a través del trader Trafigura, que se encargaría de transportar entre 650 y 1.000 kilos de barras Dore a refinerías en Estados Unidos, por un valor cercano a 165 millones de dólares. Ese tipo de operaciones, bajo supervisión internacional, busca sacar el oro del circuito informal y de las mafias, pero también consolidar a Washington como comprador clave.
Entre la “seguridad adecuada” y la herida ecológica
Mientras Washington habla de “legitimar” la minería, el Arco Minero sigue siendo, para organizaciones ambientales y de derechos humanos, una herida abierta en la Amazonía venezolana. El Observatorio de Ecología Política denuncia deforestación a ritmos diez veces superiores a cualquier programa de reforestación, contaminación de ríos con mercurio, desplazamiento de comunidades indígenas, trabajo forzado y violencia sistemática en los campamentos.
Los mismos operativos militares que ahora se exhiben como “lucha contra la minería ilegal” han revelado fosas comunes, minas colindantes con concesiones del Estado operando sin control, y la continuidad del dominio de bandas al sur de El Callao, pese a la supuesta “recuperación” del territorio. SOS Orinoco resume la situación así: la minería en el sur de Venezuela se ha convertido en una actividad incrustada en una gran trama delincuencial que llega a altos niveles del poder político y militar.
En este contexto, la entrada de capital estadounidense abre interrogantes: ¿servirá para imponer estándares ambientales y de derechos humanos más estrictos o solo blanqueará —con sello “occidental”— un modelo extractivo ya devastador?
Del conflicto al “polo de desarrollo” bajo vigilancia
Voceros y análisis cercanos a la nueva relación Caracas‑Washington han empezado a vender el giro como el paso del Arco Minero de “zona de conflicto” a “polo de desarrollo económico bajo vigilancia internacional”. Los acuerdos que se negocian incluyen, en teoría, reglas más claras, presencia de observadores externos y compromisos de seguridad para empresas que se animen a invertir en áreas antes controladas por guerrillas y pranes.
Pero los informes de campo recuerdan que, de momento, lo que manda sobre el terreno son rifles, retroexcavadoras y dragas, más que códigos mineros modernizados. Mientras tanto, el mensaje político es inequívoco: después de haber reabierto la llave del petróleo, Estados Unidos ha puesto también al Arco Minero del Orinoco en su mapa de intereses estratégicos, y la transición venezolana se jugará, en buena medida, entre pozos… y minas.