El diario español El País cuenta la historia de Villca Fernández, dirigente opositor venezolano que pasó dos años preso en El Helicoide, fue desterrado por el chavismo a Perú en 2018 y ahora, tras casi cuatro años en Estados Unidos, se enfrenta a una orden de deportación dictada por las autoridades migratorias estadounidenses. Su caso simboliza cómo la persecución lo ha seguido dentro y fuera de Venezuela: primero en la cárcel de El Helicoide, luego en las calles de Lima, donde llegó a cruzarse hasta tres veces en un mismo día con antiguos carceleros, y ahora en un limbo migratorio en EE UU.
Villca relata que en 2022 cruzó el río Bravo entre Ciudad Juárez y Texas cargando, pegados al cuerpo con papel de embalaje, los expedientes que documentan su persecución bajo el régimen de Nicolás Maduro; se entregó a la Patrulla Fronteriza, pasó entrevistas de “miedo creíble”, obtuvo un parole humanitario y presentó formalmente su solicitud de asilo. Afirma que ha cumplido con todos los requisitos: permiso de trabajo, licencia, comparecencias migratorias, pero hace pocas semanas su caso fue cerrado sin decisión de fondo, se le negó la apelación y se emitió en su contra una orden de deportación.
Según el reportaje, Fernández ha quedado atrapado en el programa de deportación a “tercer país seguro” activado por el gobierno de Donald Trump, que permite expulsar a solicitantes de asilo hacia países con los que se han firmado acuerdos, como Ecuador o Uganda, sin que puedan escoger destino. Cubanos y venezolanos que pidieron asilo después de noviembre de 2019 han comenzado a recibir mociones del Departamento de Justicia ordenando su deportación bajo ese esquema, sin posibilidad de que un juez de inmigración analice en audiencia pública los méritos de su caso.
Villca insiste en que volver a Venezuela no es opción: recuerda que fue liberado en 2018 con grilletes, llevado directamente al aeropuerto y embarcado a Perú sin documentos, en un destierro forzado que le impuso la condición de no regresar ni ver a su familia. Un año después, Maduro lo acusó otra vez, desde televisión, de ser “terrorista” y autor intelectual de un asalto a un cuartel, pidiendo su captura internacional; por eso, cuando comenzó a cruzarse en Lima con quienes identifica como sus antiguos carceleros, entendió que la persecución se había vuelto transnacional y decidió irse a Estados Unidos.
El opositor mira con desconfianza el proceso político abierto en Venezuela tras la operación militar del 3 de enero: no cree que pueda beneficiarse de ninguna amnistía porque él no solo pidió una intervención, sino que la sigue defendiendo y ha aplaudido públicamente la captura de Maduro, contra quien presentó junto a otras víctimas una solicitud ante el Departamento de Justicia para que se le imputen delitos de tortura en la causa que se lleva en Nueva York. “Vine a Estados Unidos en busca de protección y ahora siento que se me está dando la espalda en el momento más crítico de mi vida”, resume, mientras su caso se convierte en advertencia sobre el riesgo que corren otros perseguidos venezolanos atrapados entre un régimen que los quiere presos y un sistema migratorio que ahora los quiere fuera.
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