La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó su voluntad de construir relaciones “a largo plazo” con Estados Unidos, pocos días después de que ambos países restablecieran formalmente sus vínculos diplomáticos tras siete años de ruptura. En una alocución transmitida por Venezolana de Televisión, destacó que Caracas y Washington manejan una agenda de trabajo que incluye energía, minería y lucha contra el narcotráfico, y subrayó que los lazos bilaterales deben apoyarse en “hechos reales” y en una comprensión mutua de la situación venezolana.
Rodríguez insistió en que su gobierno quiere relaciones duraderas “basadas en la verdad” y pidió que “se sepa la verdad de Venezuela”, al afirmar que el país “no es una nación de narcotraficantes” y que Nicolás Maduro y Cilia Flores son inocentes de los cargos que les imputa la justicia estadounidense. Sus declaraciones se producen en un contexto paradójico: Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en una operación liderada por Estados Unidos y enfrenta acusaciones por narcoterrorismo y tráfico de drogas, mientras su esposa también está señalada por delitos relacionados con cocaína y armas.
El giro diplomático se enmarca en un proceso de reconfiguración profunda de la relación bilateral, impulsado por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, que acordó con las autoridades venezolanas un plan en tres fases: estabilización, recuperación y eventual transición democrática. Como parte de ese esquema, Washington y Caracas restablecieron relaciones diplomáticas y consulares, anunciaron la reapertura de embajadas y designaron a nuevos representantes, con la misión declarada de favorecer la estabilidad y la recuperación económica bajo una transición monitoreada por el Departamento de Estado.
Rodríguez, que busca proyectarse como figura de interlocución “pragmática” ante Estados Unidos, ha reiterado que quiere “dirimir diferencias y avanzar en coincidencias” mediante la diplomacia. En las últimas semanas ha sostenido reuniones con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario del Interior Doug Burgum, cuya visita a Caracas estuvo centrada en proyectos de cooperación energética y minera, así como en el diseño de cadenas de suministro de minerales estratégicos donde Venezuela juega un papel clave.
El discurso sobre unas relaciones “duraderas” llega también tras decisiones concretas de Washington de flexibilizar sanciones en sectores clave, como la explotación de oro, abriendo el camino a licencias específicas para empresas estadounidenses interesadas en operar en el país. Analistas señalan que la narrativa de Rodríguez, que mezcla la defensa política de Maduro con la oferta de colaboración económica y de seguridad, refleja un delicado equilibrio: intenta limpiar la imagen internacional del chavismo mientras acepta un marco de cooperación diseñado en buena medida desde la Casa Blanca.
En paralelo, sectores de la oposición y de la sociedad civil venezolana observan con cautela este acercamiento, advirtiendo que la prioridad no puede limitarse a la estabilización económica y a la reapertura de canales comerciales, sino que debe incluir garantías efectivas de justicia, respeto a los derechos humanos y un cronograma claro hacia elecciones libres. Mientras tanto, el gobierno interino apuesta a capitalizar políticamente el restablecimiento de relaciones con Washington, presentándolo como una oportunidad histórica para “pasar la página” del enfrentamiento, a pesar de que los principales liderazgos del chavismo siguen bajo investigación y señalamientos en tribunales estadounidenses.