La jurista y académica Magaly Vásquez González formalizó su postulación para el cargo de fiscal general de la República ante el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano en el Palacio Federal Legislativo, donde resaltó el papel del Ministerio Público en la reconstrucción del Estado de derecho. Tras consignar sus documentos, subrayó que la justicia penal es “la más cercana al ciudadano” y que cualquier persona puede ser víctima o imputada, por lo que el Ministerio Público debe actuar con independencia, profesionalismo y sensibilidad frente a los casos que atiende.
Vásquez aseguró que su decisión de competir por la jefatura del Ministerio Público responde a la convicción de que puede contribuir al rescate de la institucionalidad, especialmente en un contexto de amnistías recientes y de promesas de reconciliación nacional. Ofreció su experiencia técnica y su trayectoria académica para fortalecer la meritocracia dentro de la institución y afirmó que, para ejercer ese cargo, se necesitan tanto conocimientos profesionales como competencias personales que, según dijo, reúne después de más de tres décadas de carrera.
Su aspiración llega acompañada de un sólido respaldo universitario: la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) aprobó por unanimidad un acuerdo en el que apoya su candidatura y la describe como un paso clave hacia la reinstitucionalización del sistema de justicia penal. La Universidad Metropolitana (Unimet) también envió una comunicación al comité parlamentario donde avala su idoneidad técnica, ética y profesional, destacando, entre otros méritos, su participación en la elaboración del Código Orgánico Procesal Penal de 1998 y de la Ley Especial contra Delitos Informáticos.
En el plano profesional, Vásquez es reconocida como una de las voces de mayor peso en el Derecho Penal venezolano: egresada de la UCAB, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y doctora en Derecho, ha sido profesora, directora de la Escuela de Derecho, decana encargada y secretaria general de esa universidad, además de perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha liderado iniciativas internas como el protocolo contra el acoso y la violencia sexual en la UCAB, utilizado como referencia en el país y en otras instituciones de la región.
De ser designada fiscal general, ha adelantado que sus prioridades inmediatas serían devolver la carrera fiscal para que los funcionarios actúen por mérito y sin presiones políticas, combatir la dilación procesal que mantiene causas paralizadas –sobre todo con detenidos– y reforzar la formación técnica para reconciliar al ciudadano con la ley. Su postulación se inserta en un proceso de renovación del Poder Ciudadano impulsado por la Asamblea Nacional, en el que distintos sectores de la sociedad civil han intentado colocar nombres con credenciales independientes frente al histórico control político del chavismo sobre la Fiscalía.