La Asamblea Nacional controlada por el chavismo decidió extender el plazo para la recepción de postulaciones a los cargos de fiscal general de la República y defensor del Pueblo, luego de que venciera el lapso inicialmente fijado entre el 2 y el 9 de marzo de 2026. La prórroga, anunciada por el diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité encargado del proceso, se justifica en la “gran cantidad de correos, mensajes e inconvenientes” reportados por aspirantes al momento de consignar documentos, según antecedentes de decisiones similares tomadas por el propio Parlamento en procesos anteriores.
El registro de candidatos para renovar la Fiscalía y la Defensoría se presentó como un procedimiento “abierto y transparente”, fundamentado en los artículos 284 y 263 de la Constitución para el Ministerio Público, y en el artículo 280 de la Carta Magna y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Las bases del proceso fueron divulgadas por la AN a través de Gaceta Oficial, portales institucionales, redes sociales y avisos de prensa, con horarios de atención de 9:00 am a 4:00 pm en el Palacio Federal Legislativo, antes de aprobarse la prórroga.
La prolongación del lapso de postulaciones permite al comité de evaluación recibir más expedientes y afinar la lista de elegibles que será presentada posteriormente ante la plenaria de la Asamblea Nacional, instancia que, en última instancia, tiene la potestad de designar a las nuevas autoridades del Poder Ciudadano. Una vez cerrado definitivamente el proceso de recepción, el cronograma contempla varios días de revisión y verificación de requisitos antes de elaborar el grupo de candidatos que irán a votación en el hemiciclo.
Aunque la AN insiste en el carácter plural del llamado a postulaciones, organizaciones críticas y sectores de la oposición han cuestionado históricamente que este tipo de procesos terminan en la selección de figuras alineadas con el oficialismo, consolidando el control político sobre instituciones clave como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. La nueva prórroga alimenta la percepción de que el chavismo busca más margen de maniobra para cerrar acuerdos internos y garantizar perfiles leales, en un momento en que el sistema de justicia venezolano sigue bajo escrutinio internacional por señalamientos de violaciones de derechos humanos y falta de independencia.