La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Minas, una norma que abre el sector a un mayor peso de capitales privados y busca ofrecer más garantías jurídicas a inversionistas nacionales e internacionales. El trámite ocurre apenas días después de que Estados Unidos emitiera una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses. La iniciativa fue presentada con carácter de urgencia por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y que ya había impulsado una reforma previa de la ley de Hidrocarburos para abrir el negocio petrolero.
El proyecto de ley, que sustituirá a la normativa vigente desde 1999, consta de 19 capítulos y 126 artículos, además de disposiciones transitorias y derogatorias, y tiene como objetivo formal “promover la inversión nacional e internacional” y “aumentar las garantías jurídicas” en el sector minero. La plenaria dio su aprobación en primer debate tras la exposición de motivos del diputado oficialista Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, quien defendió que el texto incorpora “criterios técnicos” y actualiza la regulación a las “nuevas necesidades” de la economía venezolana. Entre las novedades figura la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para resolver controversias con inversionistas, un giro relevante en un país con un largo historial de pleitos ante tribunales extranjeros por nacionalizaciones y expropiaciones.
La aprobación en primera discusión es apenas el primer paso del trámite legislativo, que exige una segunda y definitiva votación en la que los artículos deberán ser debatidos y aprobados uno por uno. Antes de ese segundo debate, el texto será sometido a un proceso de consulta pública con sectores de la sociedad civil, gremios y actores vinculados a la actividad minera, aunque no se ha fijado fecha para esa ronda de discusiones, ni se conoce en detalle cómo se llevará adelante. Medios especializados han destacado que el debate parlamentario comenzó sin que muchos diputados tuvieran el contenido completo de la nueva normativa, lo que alimenta dudas sobre el alcance real del escrutinio legislativo.
Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamantes, bauxita y coltán, concentrados en buena medida en el llamado Arco Minero del Orinoco, una franja de unos 112.000 kilómetros cuadrados en el sur del país. Organizaciones ecologistas y de derechos humanos han denunciado desde hace años que en esa zona operan grupos armados irregulares, estructuras de minería ilegal, redes de contrabando y mafias que controlan territorios enteros, con severos impactos ambientales sobre bosques, ríos y comunidades indígenas. En ese contexto, el anuncio de una ley orientada a “atraer inversiones” despierta recelos entre activistas que temen una formalización de prácticas depredadoras bajo un nuevo paraguas jurídico.
El impulso a la ley está directamente vinculado al giro de Washington respecto al sector aurífero venezolano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia general 51, que permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al gobierno de Venezuela o a la estatal Minerven, hasta ahora alcanzadas por sanciones. La decisión llegó después de la visita a Caracas del secretario del Interior, Doug Burgum, responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, quien se reunió con Delcy Rodríguez acompañado de representantes del sector minero interesados en operar en el país.
La aprobación en primera discusión del proyecto minero se da en paralelo a la reanudación oficial de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, rotas desde 2019, y al refuerzo del control estadounidense sobre los sectores estratégicos venezolanos. Rodríguez gobierna bajo una fuerte presión política y económica del presidente estadounidense Donald Trump, a quien, según la prensa local, entregó un amplio margen de influencia sobre la industria petrolera y ahora extiende esa apertura al sector minero. La misma jornada del debate, el Comando Sur de Estados Unidos divulgó imágenes de aviones caza patrullando frente a las costas venezolanas, un recordatorio gráfico del nuevo equilibrio de fuerzas en el que se discute la futura “soberanía” sobre el oro y otros minerales del país.
El proyecto de Ley de Minas se presenta como la pieza que faltaba para completar el esquema de liberalización de los sectores extractivos, tras la reforma de la Ley de Hidrocarburos que redujo el control estatal y amplió el margen de maniobra del capital privado. Con la nueva norma, el Ministerio de Desarrollo Minero se consolida como órgano rector encargado de regular, dirigir y organizar la exploración, explotación, producción y transporte de todos los minerales, en coordinación con empresas nacionales y extranjeras. Mientras tanto, críticos y organizaciones ambientales advierten que el país sigue sin una política clara de protección de ecosistemas ni garantías efectivas para las comunidades que habitan el Arco Minero, lo que hace temer que la “apertura” termine consolidando viejas prácticas de expolio bajo un nuevo marco legal.