La líder opositora María Corina Machado afirmó que en Venezuela “los jueces son presos políticos”, al sostener que buena parte de los operadores judiciales actúan bajo coacción del poder político y del aparato represivo, lo que bloquea la posibilidad de decisiones independientes. En declaraciones recientes, difundidas en una rueda de prensa y reseñadas por medios internacionales, Machado equiparó la situación de muchos jueces con la de militares, policías, custodios carcelarios y empleados públicos que, según dijo, se ven forzados a obedecer órdenes para sostener al régimen, so pena de convertirse ellos mismos en perseguidos o encarcelados.
Machado enmarcó esta denuncia en el complejo proceso de transición política que, a su juicio, ya está en marcha en el país, y explicó que precisamente por esa razón el tránsito hacia la democracia es “tan complejo”. Aseguró que cualquier salida negociada exige ofrecer garantías a quienes, desde adentro del sistema judicial y de seguridad, estén dispuestos a colaborar con el desmontaje de las estructuras represivas y con la restitución del Estado de derecho.
Sus palabras se conectan con el debate abierto en torno a la reciente Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría chavista y criticada por organizaciones de derechos humanos por dejar fuera a cerca de 400 presos políticos y a numerosos exiliados, entre ellos la propia Machado. Plataformas ciudadanas y ONG han advertido que la norma introduce exclusiones amplias y ambiguas –en especial para militares acusados de rebelión y para quienes supuestamente promovieron acciones armadas con apoyo extranjero–, lo que limita el alcance real de la excarcelación y mantiene un amplio margen de discrecionalidad en manos del poder.
De acuerdo con cifras del Foro Penal, a pesar de más de 600 excarcelaciones verificadas en el marco de la amnistía y de acuerdos políticos, en el país permanecen más de 500 presos políticos, muchos de ellos militares, dirigentes sociales y ciudadanos anónimos detenidos en protestas. Desde comienzos de año, Machado ha insistido en que la liberación plena de todos los detenidos por motivos políticos es el “primer paso innegociable” para una transición genuina, y ha reclamado justicia y reparación para las víctimas de torturas, tratos crueles y procesos sin garantías.
Al denunciar que los jueces también son “presos políticos”, la dirigente busca subrayar que el problema no se limita a quienes ya están tras las rejas, sino que abarca a un sistema judicial sometido al control del Ejecutivo y de los cuerpos de inteligencia. En su planteamiento, la reforma profunda del poder judicial y del Ministerio Público –acompañada de garantías para quienes rompan con las órdenes ilegales– es condición indispensable para que la transición no termine siendo solo un cambio de élites, sino una transformación real de las reglas de juego institucionales.