Trabajadores del sector público, pensionados, jubilados y gremios universitarios retomaron este jueves las calles de Caracas y de varias ciudades del país para exigir un aumento inmediato de salarios y pensiones, congelados desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, menos de medio dólar al tipo de cambio oficial. La jornada forma parte de la “gran protesta” convocada por sindicatos y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y otros gremios, que denunciaron que, en la práctica, el ingreso mínimo “no alcanza ni para un día de comida”.
Desde tempranas horas, las concentraciones principales se iniciaron en la Plaza Morelos de Caracas, desde donde los manifestantes marcharon hacia la Asamblea Nacional para consignar un documento con sus exigencias, después de haberlo entregado sin respuesta en el Ministerio del Trabajo el 26 de febrero. En el recorrido, trabajadores del sector universitario, salud, educación y de empresas estatales como el complejo refinador de Paraguaná denunciaron que sus salarios han sido reducidos a “menos de un cuarto de centavo de dólar” y calificaron la situación como una forma de explotación.
Gremios como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) han puesto sobre la mesa propuestas para llevar el salario mínimo a un rango que arranca en 200 dólares y escalaría hasta 450 dólares, intentando acercarlo al costo de una canasta básica que supera los 600 dólares mensuales. Sin embargo, economistas y empresarios han advertido que, sin una reforma de emergencia del marco laboral y un plan fiscal consistente, un salto de esa magnitud podría ser inviable para buena parte del aparato productivo y para las finanzas públicas.
Las movilizaciones se producen en un contexto en el que la OIT ha urgido a Venezuela a aplicar el método acordado en la Mesa de Diálogo Social para fijar el salario mínimo, recordando que el país está obligado a revisarlo periódicamente y con criterios objetivos. Mientras tanto, el gobierno de Delcy Rodríguez ha privilegiado el pago de bonos discrecionales por encima de aumentos del salario base, una política que, según denuncian los sindicatos, precariza aún más prestaciones sociales, pensiones y demás derechos derivados del sueldo mínimo.
Las protestas de este 12 de marzo se replicaron en ciudades del interior, como Barinas, donde maestros y empleados públicos se concentraron en la avenida 23 de Enero para exigir “salarios dignos ya”. Los convocantes advirtieron que esta es solo la primera de una nueva ola de movilizaciones y que, mientras no haya una respuesta clara sobre aumentos reales y protección de prestaciones, seguirán en la calle “sin miedo y arrechos”, sin confiar en promesas ni anuncios parciales.