La abogada penalista y secretaria general de la UCAB, Magaly Vásquez, aseguró que tiene la “trayectoria y moral” que exige la Constitución para ejercer como fiscal general de la República, y defendió que su postulación busca aportar al “proceso de reinstitucionalización” del sistema de justicia venezolano. Con más de tres décadas dedicadas a la docencia y al estudio del derecho penal, afirmó que no habría presentado su candidatura si no cumpliera con el perfil legal, profesional y ético requerido para dirigir el Ministerio Público.
Vásquez subrayó que su apoyo proviene de la sociedad civil y del mundo académico, no de partidos políticos, y destacó los avales formales de la Facultad de Derecho de la UCAB, la Universidad Metropolitana (Unimet), la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Academia Nacional de la Historia, la Universidad Monteávila y la Universidad de Carabobo. Estas instituciones consideran que su eventual designación sería un “paso trascendental” para la reinstitucionalización del sistema penal y resaltan su participación en la elaboración del Código Orgánico Procesal Penal y de la Ley Especial contra Delitos Informáticos.
La jurista sostuvo que decidió postularse por “coherencia” con lo que ha enseñado durante años en las aulas: que el sistema de justicia puede y debe mejorar si se abren espacios para perfiles idóneos. Recordó que nunca ha pensado en irse de Venezuela y que no podría “mirar a la cara” a sus hijos ni a sus alumnos si, teniendo la posibilidad de contribuir a cambiar el sistema, se quedara como simple espectadora.
En cuanto a su eventual gestión, prometió investigar “a quien deba ser investigado”, sin importar quién sea, garantizando debido proceso, objetividad, imparcialidad e independencia frente a presiones políticas. Advirtió que el país ha retrocedido hacia un esquema donde “se detiene primero y se investiga después” y defendió que debe volver a imponerse el principio: “hay que investigar para detener, no detener para investigar”.
Sobre la Ley de Amnistía y la Corte Penal Internacional (CPI), Vásquez afirmó que la norma pudo ser “mucho mejor” y que algunas disposiciones generan desigualdad por su ambigüedad, pero insistió en que los jueces deben aplicar el texto conforme a los principios de igualdad y respeto a los derechos humanos. Recordó que la CPI solo actúa cuando los Estados no investigan, por lo que el compromiso del Ministerio Público debe ser asumir internamente los casos de violaciones de derechos humanos y colaborar plenamente con tribunales internacionales para que “no hagan la tarea por nosotros”.
Frente a las dudas sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional chavista que la podría designar, respondió que hay que “participar cuando corresponde” y que, si se reconocen otras leyes aprobadas por el Parlamento, también debe reconocerse su facultad para nombrar autoridades del Poder Ciudadano. Exigió una designación transparente, basada en credenciales técnicas, morales y éticas, y prometió que “jamás” prestaría su nombre para una componenda política: si es designada, será porque se respetó el perfil; si no, espera que quien resulte electo cumpla realmente con los requisitos constitucionales.