La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) rechazó la decisión de un tribunal venezolano que negó la amnistía al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la propia coalición y de María Corina Machado, pese a que la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática debía beneficiar a todos los procesados por motivos políticos en el marco del conflicto reciente. En un comunicado difundido en X, la PUD aseguró que esta decisión “ratifica la urgente necesidad de contar con instituciones y jueces independientes que actúen conforme a derecho y no siguiendo instrucciones políticas”.
Rocha denunció que el juez José Antonio Morán, de un tribunal con competencia en terrorismo, le negó la solicitud de amnistía presentada en febrero al considerar que su caso encaja en las exclusiones del artículo 9 de la ley, que deja fuera a determinados delitos. El jurista afirmó que el magistrado incurre en un “grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance” de la norma y anunció que, a través de su defensa, ejercerá recurso de apelación amparado en el artículo 12 de la propia ley.
La PUD recordó que el cese de la persecución y la libertad de todos los presos políticos no son concesiones, sino “condiciones indispensables para que Venezuela pueda avanzar hacia una transición democrática real, basada en la restitución de derechos, la confianza institucional y la reconciliación nacional”. En esa línea, advirtió que decisiones como la tomada contra Rocha envían un mensaje contradictorio en medio del discurso oficial de apertura y reconciliación.
El caso resulta especialmente polémico porque, como ha explicado el abogado Omar Mora Tosta, otros opositores investigados en la misma causa, como el exdiputado Freddy Superlano, sí fueron beneficiados por la amnistía. Para la defensa, esto demuestra un criterio discrecional y selectivo: si la ley se aplicó a algunos coimputados, debe extenderse a todos los vinculados al mismo expediente, incluidos Rocha y otros dirigentes.
Rocha fue detenido en agosto de 2024 y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario con grillete electrónico, acusado de participar en la publicación en una web de más del 80% de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio de 2024, resultados que el oficialismo tildó de falsos y la oposición defendió como prueba de la victoria de Edmundo González Urrutia. El abogado fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia por convalidar la reelección de Nicolás Maduro sin transparencia en los datos.
Mientras la PUD exige corregir lo que considera una “aplicación arbitraria” de la amnistía, Rocha afirmó que no se trata solo de su caso personal, sino de la lucha más amplia por recuperar derechos para todos: “La lucha ciudadana nunca ha sido fácil, ni en el pasado ni en el presente, y nuestro empeño por recuperarlos para todos seguirá hasta el final”, escribió en X al informar del fallo.