Fiscales federales de Estados Unidos defendieron ante un tribunal de Nueva York la decisión de impedir que el Estado venezolano financie la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, procesados por narcotráfico y otros cargos, y aseguraron que ambos siguen teniendo la posibilidad de pagar abogados con recursos personales o, en su defecto, acceder a un defensor público. En un escrito citado por medios internacionales, los fiscales recordaron que Maduro y Flores “sabían perfectamente” que Washington no los considera autoridades legítimas de Venezuela y que uno de los objetivos centrales del régimen de sanciones fue precisamente “sacarlos del poder”, por lo que no pueden ahora ampararse en la Constitución venezolana para que el erario pague sus abogados.
La controversia se originó por una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que, según el abogado de Maduro, Barry J. Pollack, inicialmente habría permitido que el gobierno venezolano cubriera los honorarios de su defensa. Pollack alegó en escritos previos que el 9 de enero de 2026 OFAC otorgó licencias para el pago tanto de su representación como de la de Cilia Flores, pero que menos de tres horas después la oficina modificó la licencia de Maduro y dejó sin efecto la autorización para recibir fondos desde Caracas, manteniéndola solo para su esposa.
En respuesta, los fiscales subrayaron que la posición de Washington es clara: los bienes y fondos del Estado venezolano siguen bloqueados y no pueden usarse para sufragar gastos personales de acusados que, además, están procesados precisamente por crímenes vinculados al uso ilícito del poder. Añadieron que, si Cilia Flores alega no tener recursos propios suficientes, eso no habilita automáticamente al gobierno venezolano a pagar su defensa, y recordaron que en el sistema estadounidense, cuando un acusado no puede costear un abogado, el tribunal puede asignar un abogado de oficio sin recurrir a fondos de un tercer Estado.
Maduro, por su parte, ha argumentado a través de su defensa que la negativa de OFAC interfiere con su derecho constitucional a escoger abogado y que, si no se corrige, pedirá al juez Alvin K. Hellerstein que intervenga. En una carta al tribunal, Pollack sostiene que su cliente “no puede costear de otro modo” los honorarios y que impedir que Venezuela pague los gastos de defensa vulneraría la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Mientras tanto, Cilia Flores también pidió la desestimación de los cargos, alegando que el bloqueo de fondos la deja en una situación de indefensión y que dependía económicamente del Estado venezolano para costear el proceso. Los fiscales replicaron que ni Maduro ni Flores pueden pretender beneficiarse de recursos estatales potencialmente vinculados a actividades ilícitas para defenderse precisamente de acusaciones relacionadas con narcotráfico y corrupción.
Con este choque, el caso judicial contra la cúpula del chavismo entra en una fase en la que, si OFAC mantiene el bloqueo y el juez avala la tesis de la Fiscalía, el exmandatario y su esposa podrían terminar dependiendo de abogados designados por la Corte o de fondos personales demostrables, sin acceso al dinero del Estado venezolano al que gobernaron durante más de una década.