El tribunal que lleva la causa de la periodista Nakary Mena Ramos rechazó la solicitud de amnistía presentada a su favor en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, decisión que organizaciones gremiales y de derechos humanos consideran una muestra de persecución contra el periodismo. El SNTP denunció que el fallo confirma la “judicialización del gremio”, mientras otros 17 trabajadores de la prensa siguen con medidas que restringen su libertad.
Nakary Ramos, reportera del portal Impacto Venezuela, fue detenida el 8 de abril de 2025 junto a su esposo, el camarógrafo Gianni González, tras grabar un reportaje sobre el aumento de la delincuencia en Caracas. La Fiscalía les imputó delitos de instigación al odio y publicación de noticia falsa, y un tribunal de control ordenó su privativa de libertad y pase a juicio: ella fue enviada al INOF en Los Teques y él a la cárcel de El Rodeo II.
La solicitud de amnistía buscaba que ambos quedaran cubiertos por la ley que, en teoría, debía beneficiar a personas perseguidas por razones políticas o por el ejercicio de derechos fundamentales. Sin embargo, el tribunal consideró que el caso entra dentro de las exclusiones del artículo 9, el mismo argumento utilizado para negar la amnistía al abogado Perkins Rocha, lo que refuerza la percepción de un uso selectivo y restrictivo del beneficio.
Organizaciones como el SNTP, el CNP, Espacio Público y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH han calificado el caso de Nakary como emblemático de la criminalización del trabajo periodístico en Venezuela. Recuerdan que ella y su esposo estuvieron desaparecidos más de 70 horas tras su detención, sin comunicación con sus familias, y que su proceso ha sido señalado como un intento de intimidar a periodistas que cubren temas de seguridad ciudadana y denuncian fallas del Estado.
Con la negativa de amnistía, Nakary Ramos sigue enfrentando juicio y cárcel por haber realizado un reportaje, mientras el gobierno promueve hacia afuera la imagen de una apertura controlada y de una amnistía amplia que, en la práctica, deja fuera a múltiples voces críticas, incluidos periodistas.