Elon Musk, propietario de la plataforma X, criticó duramente a Australia por proponer una nueva ley que impondría multas del 5% de los ingresos globales a redes sociales y plataformas digitales que difunden noticias falsas o engañosas que generan un daño significativo. Musk no dudó en calificar al gobierno australiano de «facista».
Musk utilizó su cuenta en X para expresar su descontento, compartiendo una noticia sobre la iniciativa del gobierno de Camberra, la cual busca frenar la difusión de información errónea y desinformación que podría amenazar la seguridad, salud, bienestar y democracia. de los ciudadanos australianos, además de perjudicar a su economía y
Stephen Jones, asistente del Ministerio del Tesoro de Australia, calificó los comentarios de Musk como «chiflados». En una entrevista con la cadena pública australiana ABC, Jones defendió la ley, asegurando que responde al derecho soberano de Australia a proteger a sus ciudadanos «de estafadores y delincuentes». Agrega que le resultaba incomprensible cómo Musk, en nombre de la libertad de expresión, podría justificar la difusión de contenido perjudicial como estafas, noticias falsas, pornografía infantil o incluso transmisión.
Jones también se refirió a una controversia previa entre X y las autoridades australianas, cuando la comisionada de Seguridad Electrónica, Inman Grant, ordenó en abril a las plataformas que eliminaran videos relacionados con un apuñalamiento terrorista en Sídney. X decidió únicamente geobloquear el contenido en Australia, lo que llevó a la comisionada a exigir a la plataforma para lograr la eliminación global del material. Aunque finalmente retiró la demanda, el incidente marcó un precedente en la tensión entre la pl.
El comentario reciente de Musk se refiere a la Enmienda de la Legislación de Comunicaciones (Lucha contra la Información Errónea y la Desinformación) de 2024, que fue presentada al Parlamento de Camberra esta semana. La ley daría más poderes a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA), permitiéndole implementar un código de conducta para regular el contenido en redes sociales, aunque no incluiría la capacidad de eliminar publicaciones individuales.
Esta propuesta forma parte de un conjunto de medidas que el Parlamento ha estado debatiendo, como iniciativas para combatir el ‘doxing’ (la divulgación no autorizada de medidas personales en línea), el fraude digital y la protección de menores en redes sociales mediante
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