Desde el sector docente, denuncian el autoritarismo con el cual el Gobierno eliminó todos los beneficios laborales que las mismas autoridades impusieron con anterioridad en la convención colectiva, por lo que se unen a la protesta con los trabajadores y pensionados
La precariedad de los salarios y la destrucción total de los beneficios laborales puso en jaque a los trabajadores del sector público y a los jubilados del país, quienes se ven sobrecogidos por el costo de la vida en Venezuela.}
Después de meses de luchas sindicales y protestas por unas condiciones que empeoraron aun más durante la pandemia, el Gobierno aprobó un salario mínimo que acabó por destruir sus derechos y ni siquiera lo compensó con una remuneración que les sirva para cubrir la alimentación.
En este contexto, cientos de trabajadores y pensionados salieron a las calles este miércoles 6 de abril para protestar por un salario digno y la restauración de sus derechos laborales.
La cita era a las 11:30 am frente al Ministerio de Trabajo en Caracas, mientras que en otras ciudades los puntos de encuentro variaron en diferentes inspectorías de trabajo.
El grupo que protestó en Caracas se conglomeró en las puertas del Ministerio del Trabajo, donde exigieron ser atendidos por el ministro del Trabajo, José Ramón Rivero, quien se negó a atender a los manifestantes.
A raíz de la negativa de Rivero, los protestantes decidieron extender su protesta a la avenida Baralt con el propósito de enrrumbarse a Miraflores para llevar su protesta ante Nicolás Maduro.
La convocatoria se cumplió de manera efectiva en otras latitudes y se entregaron documentos en las inspectorías de trabajo de las regiones con las exigencias de gremios y sindicatos del sector laboral.
Este fue el caso de Falcón. En esta entidad, distintas organizaciones se movilizaron hacia la sede de la Inspectoría del Trabajo de Punto Fijo, donde presentaron el documento firmado.
Lo mismo ocurrió en Anzoátegui, donde organizaciones sindicales se concentraron y marcharon hacia la Inspectoría del Trabajo de Barcelona, con la finalidad de transmitir sus exigencias.
Lo propio ocurrió en Lara, con el grupo de trabajadores y pensionados que se aglomeraron frente a la Inspectoría del Trabajo de Barquisimeto para solicitar ser escuchados y atendidos.
Como es el caso de estas entidades, en todo el país se registraron pronunciamientos y protestas frente a instituciones adscritas al Ministerio del Trabajo, pese a que el epicentro y la más multitudinaria fue en Caracas.
Exigencias laborales
La lista de derechos vulnerados para los trabajadores es casi interminable. Sin embargo, las exigencias no lo abarcan todo y a juicio de los manifestantes, cumplirlas es plausible.
En primer lugar, el énfasis se hace en materia salarial. El sector público gana apenas Bs 126 como salario base y Bs 45 de bono por cesta tickets, es decir, un sueldo integral de Bs 171 (alrededor de $40). Con esta suma, un trabajador necesitaría 9,2 salarios mínimos para cubrir la Canasta Alimentaria Familiar calculada por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
Esta suma es muy inferior a los parámetros bajo los cuales debería calcularse el salario mínimo, pues de acuerdo con el artículo 91 de la Constitución, la remuneración debería cubrir el precio de la Canasta Básica Familiar, que según datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) se estimaba hasta septiembre de 2021 en $469.
«Aquí estamos exigiendo un salario digno para vivir dignamente, un salario que se corresponda con las necesidades que tenemos cada día. Tenemos que dar apoyo y seguir creciendo en estos movimiento. Sin la lucha no hay conquista de nuestros derechos», afirmó uno de los voceros en la protesta frente al Ministerio del Trabajo, Miguel Monserrat, del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Por otra parte, la Asociación de Profesores de la Universidad de Zulia (LUZ) participó en la conversación en torno a la protesta con un encuentro en el Consejo Universitario de la institución, en donde se exigió la maqueta y el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos (Onapre), principal elemento que destruye los derechos laborales de los trabajadores del sector educativo.
La aprobación de este instructivo anuló los alcances de los beneficios que impuso el mismo gobierno en la convención colectiva única de los universitarios. Como consecuencia, se eliminaron primas, bono de alimentación, transporte y de estabilidad económica.
De acuerdo con el sindicalista Pablo Alberto Rangel, el instructivo de Onapre para el Ministerio de Educación Universitaria quebranta al menos seis artículos de la Constitución.
De igual manera, en la reunión efectuada en LUZ, exigen que sean aclaradas las inconsistencias presentes en los detalles de pago para los docentes, mientras que exhortaron a la universidad a manifestarse públicamente sobre la «estafa» del aumento salarial recibido por los docentes a nivel nacional.
Las protestas de trabajadores y pensionados pretenden ejercer presión en la antesala al Día del Trabajador, celebrado el 1ro de enero, al ser un día de reivindicación de los derechos laborales, pese a que el Gobierno lo ha convertido en un panfleto propagandístico en el que otorga aumentos salariales que no van de la mano con las necesidades de la población.
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