La justicia argentina autorizó este jueves la incautación de la aeronave venezolano-iraní retenido en el Aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. En tal sentido, las autoridades estadounidenses hicieron la primera inspección de la aeronave.
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El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la incautación del avión, tras la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así pues, aceptó la tesis de que la aeronave está vinculada a redes de terrorismo internacional.
Ahora, el avión está a disposición de su Juzgado y del juez federal con asiento en Washington, Michael Harvey, según La Nación de Argentina.
La medida se tomó apenas horas después de que la fiscal Cecilia Incardona apoyara la solicitud estadounidense para incautar la aeronave. De tal forma, las autoridades argentinas ignoraron las exigencias provenientes desde la administración Maduro.
FBI INSPECCIONÓ LA AERONAVE
Tras la medida, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se dirigieron esta tarde al aeropuerto. Poco después, ingresaron al avión e hicieron un inventaron de la aeronave, solicitado por el juez estadounidense.
“Autorizo una evaluación inicial, la cual incluirá la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la subscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del USMS (Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos)”, expone el documento firmado por Villena.
Ahora, el USMS coordinará y gestionará los requisitos para la custodia del avión, además de las tareas de mantenimiento. Asimismo, las autoridades estadounidenses se encargarán de los gastos que exija la operación de la aeronave.
Mientras tanto, el chavismo condenó la retención de la aeronave, a la vez que señaló a la justicia argentina y al Gobierno de Alberto Fernández. Incluso, afirmó que se trataba de un “robo” y responsabilizó a Estados Unidos por el procedimiento.
El avión en cuestión fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). Ambas empresas están sancionadas por Estados Unidos.
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