El anuncio del Gobierno peruano de expulsar a extranjeros que cometan delitos en Perú, tengan situación migratoria irregular o no cuenten con las tres dosis de la vacuna contra la covid-19.
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Esta es considerada como una medida que no solucionará la inseguridad ciudadana y es más bien una política “populista y desproporcionada”.
Así lo expresó el exviceministro del Interior de ese país Ricardo Valdés, quien explica que basta con ver la proporción de delitos cometidos por extranjeros para entender que la expulsión no es una solución.
En una entrevista realizada por el medio La República de Perú, Valdés precisó que los ciudadanos con otras nacionalidades que están en los penales representan alrededor del 3% de la población penal.
En cuanto a los venezolanos dice que hay alrededor de 1.500 que están internados con prisión preventiva y con sentencia, fuera de las 90 mil personas nacionales y de otros países que están en distintas prisiones del Perú.
“No llega ni al 2%. Esto significa, para hablar de cifras redondas, que el 97% de la población penal es absolutamente peruana. Es decir, son los peruanos los que cometen la mayor cantidad de delitos”, sostiene.
Incluso en el 2020 en Lima metropolitana y el Callao el número de ciudadanos venezolanos denunciados por diversos delitos fue de 748, lo que representó el 0.72% del total, según un informe de la OIM y el Ministerio Público difundido este año.
En ese sentido, Valdés añadió que por ello es desproporcionado señalar a la población venezolana como la causa principal del problema.
Más bien refirió que para resolver la inseguridad ciudadana se debe trabajar con la Policía, los alcaldes, el Ministerio Público y el resto de operadores de justicia.
Medida populista
Mientras tanto para Nancy Arellano, encargada Pro Tempore del Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el anuncio del Ejecutivo “recuerda medidas políticas que tienen un corte populista”.
Esto debido a que no se están planteando soluciones con “sustancia o políticas serias en seguridad ciudadana, respeto a los convenios internacionales y compromisos nacionales”.
Sumado a ello hizo énfasis en que los delincuentes también tienen que pasar por el debido proceso.
“Si alguien delinque en el Perú, entonces la justicia peruana tiene que tomar parte y dictar sentencia. Tiene que pagar su deuda con la sociedad peruana”, señaló.
El exviceministro Valdés tiene una posición similar. Él considera que el mandatario peruano gana algo con su mensaje: sintonizar con un sector de la población independientemente de izquierda o derecha que piensa que los ciudadanos venezolanos son los responsables de la inseguridad; sin embargo, es algo vacío.
“No hay análisis. Es un tema totalmente emocional (…) Así no se puede manejar el problema de la inseguridad. Esta se persigue en el país independientemente de la nacionalidad que tenga el delincuente”, aseveró Valdés.
Es inconstitucional
Asimismo Arellano manifestó que “la norma es claramente inconstitucional” y apuntó que aunque el Decreto Legislativo de Migraciones señala que no se criminalizará la migración irregular esto se está ignorando.
Al respecto explicó que medidas como las anunciadas la semana pasada por el presidente del Consejo de Ministros peruano Anibal Torres, sobre la aprobación de las causales de expulsión de extranjeros en las que se incluye a la migración irregular, reflejan lo contrario.
También indicó que se están vulnerando derechos humanos con el proyecto del Congreso que limita el acceso al alquiler de vivienda a los migrantes y refugiados en situación irregular, que un día antes el propio Ejecutivo había observado.
La vocera de la CNDDHH expresó que se está violando derechos fundamentales como el acceso al debido proceso, la no discriminación, a la igualdad ante la ley, entre otros.
En esa línea, Valdés aseveró que no se puede aplicar una sanción, como es la expulsión, a un solo grupo de personas.
“La aplicación de la ley debe darse sin distingo de nacionalidad, raza, etc., y ahí están afectando la Constitución. Yo no puedo discriminar a nadie por su origen. Eso está prohibido”, dijo Valdés.
Criminalizar la migración es peligroso
Arellano sostiene que el criminalizar la migración “lejos de plantear soluciones efectivas en materia de seguridad, muchas veces representa el primer empujón para que proliferen estas organizaciones criminales que encuentran cada vez más víctimas para sus redes de tráfico y trata de personas”.
La Defensoría del Pueblo peruana también ha rechazado a través de su cuenta Twitter @Defensoria_Peru las acciones del gobierno de Castillo contra los migrantes por considerarlas arbitrarias.
El pasado 12 de agosto el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció a través de su cuenta Twitter @PedroCastilloTe la activación del programa Retorno a su país dirigido a los extranjeros que comentan delitos en territorio peruano.
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