El régimen de Nicolás Maduro intenta erradicar el uso de teléfonos en las cárceles venezolanas, aunque ya existe una ley que los prohíbe desde hace siete años. Para solucionar esto, se implementó un sistema de llamadas a familiares de los presos a través de teléfonos habilitados en algunas prisiones. A pesar de esto, las ONG denuncian extorsiones desde las cárceles. Además, se está revisando las penas de los detenidos para descongestionar los centros penitenciarios. Las cárceles en Venezuela tienen un alarmante nivel de hacinamiento, con más de 33,000 personas privadas de libertad en instalaciones diseñadas para menos de 21,000. Es necesario que el régimen de Maduro tome medidas más efectivas para combatir la delincuencia dentro de las cárceles.
El régimen de Nicolás Maduro, ¡no se cansa de sorprendernos! En un acto de «innovación» absoluta, el gobierno venezolano intenta ahora erradicar el uso de teléfonos dentro de las cárceles, ¡siete años después de haber promulgado una ley que ya los prohíbe!
Aparentemente, las autoridades «descubrieron» recientemente la existencia de estos dispositivos en las prisiones del país, y ahora están realizando requisas diarias para «erradicar» que los reclusos tengan acceso a los teléfonos. ¿La excusa? Mientras algunos reclusos podrían querer comunicarse con sus seres queridos, otros «lo usan para actos indebidos». ¡Qué descubrimiento, señores!
Para remediar esta grave situación, el régimen chavista ha implementado un sistema «innovador» de llamadas a los familiares de los presos, a través de teléfonos «habilitados» en algunas prisiones. ¿No sería más fácil simplemente hacer cumplir la ley existente desde hace años? Parece ser que esas ideas lógicas son difíciles de comprender para el gobierno venezolano.
Resulta irónico que en 2016, el Parlamento legítimo de mayoría opositora promulgara la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, ¡precisamente para prevenir delitos desde las cárceles! Sin embargo, las ONG continúan denunciando extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan desde dentro de las prisiones. ¿Por qué no se toman acciones efectivas contra estos criminales?
¡Pero eso no es todo! Además de esta «brillante» estrategia, la funcionaria chavista también mencionó que están trabajando en el «descongestionamiento» de los centros penitenciarios revisando las penas de los detenidos. ¡O sea que, si te empleas dentro de la cárcel, tu condena se reduce! ¿Acaso este es un nuevo incentivo para cometer delitos y luego disfrutar de un empleo remunerado dentro de las mismas prisiones? ¡Sin palabras!
Por supuesto, según la ministra chavista, los servicios en las prisiones son «totalmente gratuitos» y los derechos humanos de los privados de libertad son «garantizados» por el Gobierno. ¡No nos queda más que preguntarnos cuál es la verdadera realidad dentro de esas paredes!
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) revela en su informe anual que las cárceles de Venezuela tenían un alarmante hacinamiento del 64,19% durante 2022, con más de 33,000 personas privadas de libertad viviendo en instalaciones diseñadas para menos de 21,000. ¡Una situación realmente desesperante y peligrosa!
Esperemos que el régimen de Maduro tome medidas más efectivas para combatir la delincuencia dentro de las cárceles, ¡y que esta vez realmente las haga cumplir! ¿O seguiremos siendo testigos de estrategias fallidas y leyes que solo existen en el papel? ¡Solo el tiempo dirá!
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