En un acto sin precedentes, trabajadores de la reconocida empresa básica CVG Ferrominera del Orinoco protagonizaron una impactante protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas. Encabezados por Rodney Álvarez, los empleados se encadenaron simbólicamente para demandar la intervención del organismo en sus reclamos laborales.
Tras agotar todas las instancias y vías de resolución de conflicto en el estado Bolívar, estos valientes trabajadores decidieron tomar medidas drásticas ante la falta de respuesta por parte de los ministros de Trabajo e Industrias, Francisco Torrealba y José Félix Rivas, respectivamente.
«Ya no podemos tolerar más el engaño y la falta de atención hacia nuestras exigencias», declaró Álvarez a las puertas de la Defensoría ubicada en la avenida Urdaneta de la capital venezolana. «Han pasado más de un mes desde que presentamos nuestras demandas y es hora de que sean escuchadas».
Las denuncias de las injusticias laborales no se limitan solo al caso de Álvarez. Según testimonios recopilados, hay otros compañeros y compañeras que han sido despedidos sin justificación, e incluso mujeres embarazadas que son enviadas a sus hogares sin recibir ningún tipo de remuneración.
«Estamos cansados de presenciar cómo despiden a nuestros colegas de trabajo y cómo las mujeres embarazadas son separadas de sus fuentes de ingreso sin recibir su salario correspondiente. Esto es una violación flagrante de sus derechos laborales», denunció Álvarez.
El caso de Álvarez es aún más desgarrador, ya que pasó 11 años en prisión esperando un juicio, el cual finalmente lo absolvió de todas las acusaciones en 2022. Sin embargo, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) se niega a pagarle los salarios que le corresponden por el tiempo en el que estuvo privado de su libertad. Además, se rehúsan a reconocer los beneficios que, por contrato colectivo, le corresponden a sus familiares.
Bajo estas circunstancias, los trabajadores exigen su reincorporación inmediata y el reconocimiento de sus derechos laborales. Buscan la mediación del Defensor del Pueblo para que interceda ante los ministros de Trabajo e Industrias en busca de una solución justa.
Otro trabajador, Héctor Delgado, relató cómo la pandemia del COVID-19 llevó a la CVG a comenzar a despedir a sus compañeros, reduciendo así sus salarios en un 70%. Lamentablemente, tras la pandemia, en lugar de reintegrar a los empleados, la compañía optó por contratar personal nuevo.
«Los trabajadores son obligados a ir a su lugar de trabajo por sus propios medios. No hay transporte adecuado y se les pide que hagan largas colas para luego trabajar durante horas», lamentó Delgado. Calificó esta situación como «una forma moderna de esclavitud», donde los trabajadores se ven privados de reclamar y defender sus derechos fundamentales.
Es importante destacar que en abril pasado, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro intervino la CVG tras ordenar la aprehensión de la antigua directiva liderada por Pedro Maldonado. En su lugar, se designaron nuevos representantes con la responsabilidad de reestructurar las empresas básicas de Guayana durante un año.
Esta protesta masiva de los trabajadores de Ferrominera representa un llamado de atención a las autoridades competentes para que tomen medidas efectivas y justas frente a las demandas laborales que han sido ignoradas durante tanto tiempo. Es hora de que se les brinde a estos valientes hombres y mujeres la justicia que merecen.
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