A pesar de las afirmaciones del régimen de Venezuela de que los pranes, líderes de bandas en las cárceles, han sido eliminados, la realidad es que siete de los pranes más peligrosos y mafiosos siguen manteniendo el control en varios centros penitenciarios del país.
Estos líderes carcelarios continúan imponiendo su autoridad a través de la recaudación de «causas» (extorsiones a la población carcelaria), generando más de 50 mil dólares al mes, además de las ganancias obtenidas por extorsiones y otros actos ilícitos realizados por delincuentes fuera de las cárceles.
Los siete pranes identificados son:
- Álvaro Montilla, alias «El Loro», líder del Internado Judicial de Trujillo.
- Yunior Yagüez, alias «Pata e’ Queso», líder del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala).
- Pedro Manuel González Mata, alias «Pedro Rapidito», líder del Internado Judicial de Monagas (La Pica).
- Fredy Barboza Ilarraza, líder del Internado Judicial de San Felipe (La Cuarta).
- Wilkins Rafael Romero Maluenga, alias «Wilkins», en el Internado Judicial Vista Hermosa, estado Bolívar.
- Giovannny Alejandro Navas Ochoa, alias «Pan», en el Internado Judicial Vista Hermosa, estado Bolívar.
- Edison González, alias «Chichi», en el Internado Judicial Vista Hermosa, estado Bolívar.
Estos pranes, que se autodenominan «todopoderosos», utilizan armas de guerra, rifles y armas AK-47 para mantener su control.
Además, viven en condiciones de lujo y celebran fiestas a pesar de estar en prisión. Este poder se ha mantenido durante los últimos 15 años, a pesar de la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios hace 12 años.
El régimen ha promovido la idea de que los pranes han sido erradicados, pero desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se ha denunciado la existencia de un pranato mixto, en el que funcionarios corruptos cobran en dólares por permitir el ingreso de alimentos, teléfonos y sustancias ilícitas en las cárceles.
Recientemente, el régimen anunció una operación exitosa en la toma del Internado Judicial de Tocuyito, en Carabobo.
Sin embargo, las familias de los reclusos han expresado su preocupación y confusión, ya que no se les ha proporcionado información detallada sobre a qué cárceles fueron trasladados sus seres queridos.
Además, se reportó la muerte de cinco reclusos durante la operación, sin conocerse las causas ni si se notificó a sus familiares.
En un país con cárceles con un hacinamiento que supera el 100% y condiciones infrahumanas, la opacidad en la información y las operaciones del régimen plantean preocupaciones sobre los derechos humanos de los reclusos.
Finalmente, la desaparición de Néstor Richardi Sequera Campos, alias «Richardi», quien negoció la entrega del penal de Tocuyito y luego desapareció, destaca la falta de transparencia y la necesidad de responsabilizar a los pranes por sus acciones delictivas dentro de las cárceles.
A pesar de que las familias de los reclusos luchan para visitar a sus seres queridos y proporcionarles lo que necesitan, algunos pranes como «Richardi» parecen gozar de lujos y beneficios a pesar de estar en prisión.
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