Un grupo de organizaciones no gubernamentales presentaron al relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Michael Fakhri, sus informes sobre las condiciones de poblaciones vulnerables en Venezuela.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) dijo en un boletín de prensa que entre el 1 y 2 de febrero dieron a conocer sus reportes sobre cómo afecta la falta de acceso a alimentos a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad y los pueblos indígenas.
Fakhri está en el país desde finales de enero para una visita de dos semanas en la que además de visitar poblaciones de Caracas y reunirse con autoridades viajará a los estados Zulia y Sucre, donde constatará la situación sobre el derecho a la alimentación en esas regiones del país.
“Se presentaron evaluaciones independientes sobre el funcionamiento de los programas alimentarios existentes, como el Programa Alimentario Escolar (PAE), el programa CLAP y los servicios de alimentación en los hospitales públicos”, detalló Provea sobre los informes que le entregaron al funcionario de la ONU.
Clap irregular y más costoso
Entre las irregularidades que encontraron, la ONG destaca que las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) no llegan con la misma frecuencia, sus productos no cubren las necesidades nutricionales y que además en zonas rurales o aisladas del país, donde hay menor poder adquisitivo, este programa social del gobierno de Nicolás Maduro tiene un costo más elevado.
Igualmente mencionaron la falta de ajuste del salario mínimo, fijado en 130 bolívares (poco más de 3 dólares) desde marzo de 2022, lo que dificulta aún más que las personas puedan acceder a alimentos para satisfacer sus necesidades básicas.
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