La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y exhortó al gobierno de Nicolás Maduro Venezuela «a revertir de manera inmediata» la medida.
En un comunicado emitido este martes 20 de febrero, la CIDH también exigió la inmediata liberación de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.«Al mismo tiempo, solicita anuencia al Estado para realizar una visita al país y reitera que mantendrá un compromiso indeclinable de diálogo con el Estado, y con promover y proteger los derechos humanos, especialmente de las víctimas de violaciones de derechos humanos», se indicó en el comunicado de la CIDH.
Asimismo, la Comisión puntualizó que «en los últimos años, el gobierno venezolano ha mostrado desidia con sus obligaciones internacionales, tratados y convenciones y la expulsión de organizaciones de la sociedad civil con presencia en el terreno e integrantes de misiones electorales.
La reciente decisión de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU evidencia su rechazo al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo que es particularmente grave en un país caracterizado por el cierre de todo espacio democrático y la ausencia del Estado de Derecho».
«La CIDH comparte las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU respecto del trato dado a personas percibidas como opositoras al gobierno.
La Comisión ha documentado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, la ausencia del debido proceso, encarcelamientos indefinidos y desapariciones forzadas de personas opositoras y defensores de derechos humanos», enfatizó.
También se destacó que la CIDH ha dictado varias medidas cautelares llamando al Estado a garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas detenidas, «incluyendo mediante condiciones carcelarias adecuadas». La activista Rocío San Miguel es una de las beneficiarias de medidas cautelares
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