A medida que se acerca el cierre del proceso de presentación de candidaturas para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, surge una controversia intensa.
La administración de Nicolás Maduro está siendo acusada de obstruir activamente los intentos de la oposición de postular a Corina Yoris como candidata presidencial, en un movimiento que ha generado indignación y protestas.
Desde el jueves pasado, cuando comenzó el proceso, se han inscrito al menos nueve candidatos, incluidos algunos diputados y exalcaldes. Sin embargo, la oposición mayoritaria ha denunciado que se les está negando el acceso al sistema electoral para inscribir la candidatura de Yoris, quien fue elegida por unanimidad como candidata de consenso el viernes pasado.
La coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha exigido al Consejo Nacional Electoral (CNE) una prórroga de tres días para el período de postulaciones, con el fin de abordar las supuestas violaciones y garantizar un proceso justo y transparente.
Por otro lado, el chavismo ha convocado a una «gran marcha nacional» en apoyo a la inscripción de la candidatura de Nicolás Maduro, lo que ha generado aún más tensión en el ambiente político venezolano.
Esta situación ha suscitado críticas generalizadas y ha avivado el debate sobre la imparcialidad del proceso electoral en Venezuela.
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