En un dramático acontecimiento, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que los dos individuos detenidos durante la marcha oficialista serán procesados por presuntos delitos de terrorismo, intento de magnicidio y otros tres delitos graves. Sin embargo, surgieron serias dudas sobre la veracidad de estas acusaciones, ya que se revelaron detalles que sugieren un montaje por parte del gobierno.
Según la versión oficial, los detenidos, identificados como Jerry Ostos Perdomo y Carlos Castillo, fueron arrestados a escasos 20 metros de la tarima presidencial, supuestamente con la intención de atentar contra Nicolás Maduro. Sin embargo, surgieron inconsistencias en el relato oficial, ya que no se proporcionaron pruebas concretas que respaldaran estas graves acusaciones.
En medio de la confusión, se reveló que los detenidos afirmaron ser activistas políticos de la organización Vente Venezuela, lo que plantea interrogantes sobre la posible motivación política detrás de su detención. Además, la ausencia de pruebas contundentes y el historial de acciones violentas similares por parte del gobierno alimentan las sospechas de que este caso podría ser un montaje diseñado para reprimir a la oposición y desviar la atención de otros problemas políticos y sociales en el país.
A medida que se desarrolla esta situación, aumenta la presión sobre el gobierno para proporcionar pruebas sólidas que respalden las graves acusaciones contra los detenidos. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca este caso y exige transparencia y justicia en el proceso judicial que enfrentarán Ostos Perdomo y Castillo.
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