Hace solo unos días, el 20 de marzo, la ONU sacudió al mundo con revelaciones impactantes sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El informe actualizado de la Misión de la ONU para Venezuela desveló una escalofriante realidad: «Los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos», con una reactivación de la represión violenta desde septiembre pasado.
Nicolás Maduro, en su afán por retener el poder a toda costa, ha desatado una ola de violencia y persecución sin precedentes. Con elecciones a la vuelta de la esquina, el régimen se compromete a celebrar los comicios el 28 de julio, pero la «elección» es una mera ilusión: ¡la población solo puede votar por los candidatos designados por la dictadura!
La oposición ha sido blanco de una implacable persecución, culminando en la orden de detención de seis dirigentes del equipo de campaña de María Corina Machado, quienes buscaron refugio en la embajada argentina en Caracas. En un acto de valentía, el gobierno de Javier Milei les otorgó asilo, desatando la ira de Maduro, quien respondió cortando la electricidad en la residencia diplomática.
Esto es solo la punta del iceberg de las violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Maduro, que ha llevado incluso a la Corte Penal Internacional a abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Recordemos que en octubre del año pasado, Maduro firmó el Acuerdo de Barbados con la oposición, prometiendo elecciones libres y la liberación de presos políticos a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Sin embargo, una vez más, el régimen ha demostrado su desprecio por los compromisos internacionales y continúa su despiadada persecución.
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