Analizaron protocolo de atención a las víctimas de femicidio

Analizaron protocolo de atención a las víctimas de femicidio
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La Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos de la Asamblea Nacional (AN) analizó el Protocolo de Atención a las Víctimas de Femicidio en Venezuela.

El documento lo presentó la representante del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), Adriana Gómez.

La información la dio a conocer la primera vicepresidenta de la comisión, diputada Imarú González , desde el salón Boyacá del Museo Boliviano, reseña una NDP.

La parlamentaria indicó que el propósito de este análisis es orientar y fortalecer las capacidades de actuación de los servidores públicos de las instituciones con competencias en el abordaje a niños, niñas, adolescentes y familias, víctimas de femicidio y violencia basada en género.

Durante la presentación del Protocolo de Atención a Niños, Niñas, Adolescentes y Familiares de Víctimas de Femicidio y Violencia basada en género (VBG), la representante del Idenna señaló que este protocolo consiste en como asesorar, orientar y apoyar a las familias para atender los aspectos legales, sociales y psicoemocionales, asociados a estas experiencias traumáticas.

Organizaciones que participan

Gómez añadió que la presentación del protocolo ante la instancia parlamentaria ha sido previamente trabajada con el Círculo de Mujeres de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y la organización de familias que han sido víctimas de estos hechos.

Mientras el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), informó sobre 4 feminicidios en el país la documentó la primera semana del mes de abril.

En información publicada en su página web, el observatorio señaló que hubo, en promedio, una acción femicida cada 42 horas en este periodo en el país.

Cepaz recordó que desde el año 2016 no se publican en el país estadísticas oficiales en materia de violencia de género, en particular sobre los femicidios.

«Esta situación viola no solo la legislación nacional, sino las obligaciones previstas en los tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)».

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