La Fiscalía ha imputado a los líderes del procés ante el Tribunal de Cuentas por el desvío de más de 3 millones de euros en fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y su promoción en el exterior.
En su escrito de conclusiones, la Fiscalía reclama 883.695,29 euros por los gastos del referéndum y 2.209.503,8 euros por la acción exterior durante el procés. El pasado 4 de abril, el Tribunal de Cuentas inició la fase de conclusiones contra 35 ex altos cargos catalanes, incluyendo a Carles Puigdemont, por el desvío de fondos públicos.
El fiscal considera acreditada la responsabilidad contable de los principales responsables del procés, como Puigdemont, Oriol Junqueras y los exconsejeros catalanes. En cuanto a la petición de Junqueras de suspender el procedimiento por la ley de amnistía, la Fiscalía señala que es un hecho futuro e incierto.
Sobre la implicación de Puigdemont en los gastos, el fiscal le atribuye la responsabilidad por aprobarlos. Respecto a Junqueras, se le responsabiliza por su protagonismo en la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña. Los exconsejeros en rebeldía también son incluidos por comprometer el gasto público para el referéndum ilegal.
Los pagos realizados no se justifican legalmente, indicando que fueron para el referéndum y no para fines legítimos. Los gastos en las delegaciones y la acción exterior también son cuestionados por no cumplir con las normas y competencias autonómicas.
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