En una jugada que desafía directamente al Gobierno de Donald Trump, una jueza federal detuvo temporalmente la prohibición que impedía a la Universidad de Harvard matricular estudiantes internacionales, una medida que amenazaba con afectar a más del 27 % de su población estudiantil.
El fallo de la jueza Allison Burroughs llega apenas horas después de que Harvard interpusiera una demanda contra la administración, alegando que se trata de una represalia política disfrazada de política migratoria. La universidad denuncia que el Gobierno revocó su certificación en el programa SEVP por negarse a entregar información confidencial sobre sus alumnos extranjeros, bajo el argumento de proteger la libertad académica y los derechos constitucionales.
Trump contra Harvard: una guerra abierta
El Departamento de Seguridad Nacional, bajo órdenes de la secretaria Kristi Noem, prohibió a Harvard inscribir nuevos alumnos internacionales y exigió la salida de los actuales, a menos que se transfirieran. La justificación oficial: supuestos riesgos para la seguridad nacional.
Pero la universidad lo tiene claro: esto no es seguridad, es castigo político. Harvard afirma que el Gobierno busca controlar sus políticas internas, incluyendo programas de diversidad, ideología de sus profesores y hasta su postura frente al conflicto Israel–Hamas. Desde la Casa Blanca, no se guardaron nada: acusaron a Harvard de ser “un semillero de agitadores antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas”.
Estudiantes en el limbo
Para miles de jóvenes de más de 140 países, la noticia fue un alivio parcial. Muchos ya temían perder sus becas, visas o incluso ser deportados. “No sé si podré volver al campus”, confesó Karl Molden, estudiante austríaco de tercer año, reflejando la incertidumbre que reina en la comunidad internacional.
La comunidad académica alza la voz
El rechazo a la medida ha sido contundente. Académicos, diplomáticos y exfuncionarios del Gobierno advierten que esto pone en peligro el prestigio académico de EE.UU. y su capacidad de atraer talento global. El economista Jason Furman calificó la medida de “horrenda”, y Larry Summers, expresidente de Harvard, alertó sobre la falta de debido proceso.
El embajador de Australia también expresó su “profunda preocupación” por el impacto sobre sus estudiantes en Harvard y anunció que seguirá el caso muy de cerca.
¿Autonomía universitaria o privilegio migratorio?
Aunque esta decisión judicial da un respiro, la batalla está lejos de terminar. Harvard enfrenta además la congelación de $2.600 millones en fondos federales y la amenaza de perder su estatus de exención de impuestos. Pero por ahora, la justicia le ha dado la razón: matricular estudiantes internacionales no es un privilegio, es parte esencial de su misión global.
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