El fiscal general de Florida, James Uthmeier, enfrenta fuertes críticas por presuntamente haber incitado a la policía a detener migrantes indocumentados, a pesar de una orden judicial que lo prohíbe. Dos organizaciones proinmigración, la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) y la Asociación Campesina de Florida (FWAF), lo acusan de desacato por violar una suspensión temporal de la controvertida ley SB 4-C.
La ley, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, criminaliza la entrada de migrantes indocumentados al estado, incluso si ya han iniciado su regularización migratoria. Sin embargo, el pasado 4 de abril, una jueza federal emitió una orden judicial preliminar que detiene temporalmente su aplicación, tras calificarla como “probablemente inconstitucional”.
Pese a esto, el 23 de abril, Uthmeier envió una carta a los cuerpos policiales afirmando que la suspensión no los afectaba y que podían seguir arrestando a migrantes. Los abogados de las organizaciones denunciantes afirmaron que el fiscal actuó con total conocimiento de que sus indicaciones violaban lo establecido por la corte.
“La conducta del fiscal no solo ignora una orden judicial vigente, también desafía sus deberes éticos como funcionario público”, aseguraron los demandantes en una carta enviada a la jueza Kathleen M. Williams, encargada del caso.
La audiencia clave para determinar si Uthmeier incurrió en desacato se celebrará este jueves. En juego está no solo su credibilidad como fiscal, sino el futuro de una de las leyes migratorias más duras del país.
Por su parte, Uthmeier ha negado estar en desacato y mantiene que su interpretación de la ley no viola el fallo judicial. Además, ha cuestionado abiertamente la legitimidad de la jueza, lo que ha incrementado la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo estatal.
Florida alberga a más de cinco millones de personas nacidas fuera del país, y uno de cada cinco residentes es inmigrante. Las políticas migratorias del estado, alineadas con la agenda del expresidente Donald Trump, han sido objeto de intensos debates nacionales.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno estatal destacan la eliminación de ciudades santuario, el endurecimiento de sanciones contra funcionarios que no colaboren con las normas migratorias, y multas de hasta $5.000 por incumplimientos.
Mientras tanto, comunidades migrantes y defensores de derechos humanos continúan denunciando el impacto humano de estas políticas, que, según afirman, criminalizan a familias trabajadoras que solo buscan una vida digna en Estados Unidos.
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