La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó en primera discusión el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, uno de los pilares de la agenda económica del gobierno de Delcy Rodríguez en medio de los acuerdos petroleros con Estados Unidos. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que la reforma es necesaria para permitir un “acelerado incremento” de la producción de crudo y prometió que el nuevo marco legal hará al país “más atractivo” para la inversión extranjera.
El proyecto, presentado por el diputado Orlando Camacho, incorpora modelos de negocios derivados de la Ley Antibloqueo, como los Contratos de Participación Productiva (CPP), que permiten a empresas privadas asumir la gestión integral de campos petroleros a su propio riesgo y costo. Bajo este esquema, la retribución de las operadoras se establece mediante una participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados, mientras el Estado evita endeudarse directamente para financiar la operación.
La reforma también apunta a garantizar la viabilidad económica de campos no desarrollados o “greenfields”, mediante un régimen fiscal más flexible y posibles ajustes en las regalías para hacerlos atractivos a grandes inversionistas internacionales. Además, se propone aumentar las garantías jurídicas para el capital extranjero y nacional, incluyendo mecanismos independientes de resolución de controversias, siempre bajo el paraguas de la Constitución venezolana, según defendió Camacho en el hemiciclo.
El contexto político y geopolítico pesa sobre esta reforma: llega días después de que Donald Trump anunciara que compañías estadounidenses empezarán “muy pronto” operaciones de perforación petrolera en Venezuela, y en paralelo a la discusión interna sobre cómo blindar la “soberanía petrolera” frente al ingreso masivo de capital foráneo. Desde medios especializados se interpreta este cambio legal como una señal al mercado de que Caracas está dispuesta a desmontar, en los hechos, parte del viejo esquema de empresas mixtas para dar más espacio y control operativo a las petroleras privadas.
No toda la Asamblea aplaudió el proyecto: la fracción opositora del Grupo Parlamentario Libertad salvó su voto y alertó sobre la falta de tiempo para revisar el texto completo, que conocieron apenas un día antes del debate. El diputado Pablo Pérez reclamó que una reforma de este calibre debe garantizar seguridad jurídica, equilibrio en la carga tributaria y una verdadera apertura al capital privado, pero sin entregar el control estratégico del recurso a intereses foráneos.
Tras esta primera discusión, la reforma pasa ahora a la fase de consulta y segunda discusión, donde se podrán introducir cambios artículo por artículo antes de su aprobación definitiva. Mientras tanto, analistas advierten que el verdadero alcance de la reforma se medirá en la práctica: qué tan rápido llegan las inversiones, qué condiciones se pactan con las grandes petroleras y cuánto del nuevo negocio petrolero se traduce en ingresos reales para una economía venezolana aún golpeada por la crisis.