El Tribunal 3° de Juicio con competencia en terrorismo en Caracas negó la amnistía al periodista y expreso político Gabriel González, a pesar de que el propio sistema judicial lo había registrado previamente como beneficiario de esa medida, y además le bloqueó la posibilidad de ser asistido por su defensa privada. El comunicador, dirigente de Vente Venezuela y colaborador del equipo de María Corina Machado, denunció que la decisión confirma el uso discrecional de la Ley de Amnistía y la falta de voluntad política para restituir el Estado de Derecho en Venezuela.
González explicó que a inicios de marzo acudió al tribunal, donde funcionarios revisaron su expediente en una computadora y le informaron que aparecía como “beneficiado por la Amnistía”, lo que abría la puerta al sobreseimiento de la causa en su contra. Sin embargo, ese mismo día ya se produjo la primera irregularidad: el tribunal se negó a aceptar la designación del abogado Omar Mora Tosta como su defensor privado y tampoco permitió que se sacaran copias del expediente, pese a que se trata de un derecho procesal básico. Le ordenaron regresar en 15 días para recibir el documento formal de la medida, pero el desenlace fue el contrario.
Cuando el periodista volvió al Tribunal 3° de Terrorismo el 13 de marzo, le informaron que ya no aparecía en el sistema como beneficiario de la amnistía, contradiciendo la información que le habían dado dos semanas antes. “Para mi sorpresa, al llegar al tribunal me dicen que yo NO gozaba de ninguna Amnistía, que no había nada en sistema, y que ‘si estaba en una lista, ya NO’”, relató González al denunciar el caso en su cuenta de X (@IsmaelGabriel22). El comunicador se preguntó qué ocurrió en esos 15 días con su expediente, en un contexto en el que organizaciones de derechos humanos han alertado sobre “manipulación” de listas y criterios para aplicar la medida.
La negativa no quedó solo en un cambio de estatus en el sistema. González fue notificado formalmente de que el tribunal rechazó su solicitud de sobreseimiento de la causa por aplicación de la Ley de Amnistía, presentada el mismo 13 de marzo. En esa audiencia, denunció que de nuevo se le impidió designar su defensa privada y tampoco se le permitió obtener copias del expediente, vulnerando su derecho a la defensa, el debido proceso y las garantías mínimas que deberían respetarse incluso en casos vinculados a la controvertida jurisdicción de terrorismo.
El periodista, que ya había pasado más de un año detenido antes de su excarcelación en enero de 2026, sigue enfrentando cargos por delitos como “promoción o incitación al odio”, una figura penal usada de forma recurrente para criminalizar el trabajo informativo y la disidencia política. Organizaciones como el SNTP y ONG de derechos humanos han reiterado que el caso de González se inscribe en un patrón más amplio de persecución contra periodistas, activistas y opositores, pese a la existencia de una Ley de Amnistía que, en teoría, debería cerrar procesos asociados a la conflictividad política y de conciencia.
Para González, lo ocurrido envía el mensaje de que la amnistía en Venezuela no opera como una política de Estado transparente, sino como un mecanismo aplicado “a discreción” por los mismos jueces que avalaron su detención. “La Ley de Amnistía se aplica a discreción de los mismos jueces que permitieron nuestro secuestro, y que NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho”, afirmó, al insistir en que su caso demuestra cómo se castiga la disidencia mientras se ofrece al país una narrativa de reconciliación que no se refleja en los tribunales.
La situación del periodista se suma a la de otros presos políticos y excarcelados bajo medidas condicionadas que siguen atados a procesos penales, sin garantías reales de justicia. El bloqueo de la defensa privada, la imposibilidad de acceder al expediente y la negativa a aplicar una amnistía anunciada como parte de acuerdos políticos, refuerzan las alertas sobre la falta de independencia del Poder Judicial y el uso del sistema penal como herramienta de control en Venezuela.