El Gobierno venezolano y la Asamblea Nacional electa en 2015 cerraron este miércoles el primer ciclo de diálogo en Caracas con un acuerdo histórico: la renovación integral de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la gestión conjunta para recuperar los activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra, destinados a la atención de las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio.
Tras una semana de reuniones a puerta cerrada en el hotel Gran Meliá de Caracas, que incluyó cinco sesiones técnicas y cinco encuentros plenarios, las delegaciones lideradas por Jorge Rodríguez, en representación del Ejecutivo, y Dinorah Figuera, por la AN-2015, suscribieron un comunicado conjunto que marca el inicio de una hoja de ruta para la transformación del sistema de justicia y la reconstrucción de las áreas damnificadas.
En materia institucional, el acuerdo contempla reformas inmediatas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras normas vinculadas al funcionamiento del Poder Judicial. Asimismo, se establece la ampliación y renovación del comité de postulaciones judiciales, así como la activación de un nuevo proceso de postulación para la designación de todos los magistrados del TSJ.
Para garantizar la transparencia del proceso, se creará un consejo encargado de revisar las credenciales y los requisitos constitucionales de los candidatos al máximo tribunal, evaluando las postulaciones conforme a la Constitución, la legislación vigente y el baremo establecido.
En el ámbito de la reconstrucción, las partes acordaron concentrar esfuerzos en programas de atención para las víctimas y comunidades afectadas por los sismos, con prioridad en la recuperación de viviendas, el restablecimiento del servicio eléctrico, la dotación de atención sanitaria y la recolección de escombros en las zonas de desastre.
Uno de los puntos centrales del acuerdo consiste en gestionar la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra. Las delegaciones se comprometieron a establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de estos recursos, con el propósito de dirigirlos exclusivamente a la atención de los afectados por los terremotos.
El cronograma de ejecución de los acuerdos comenzará en agosto de 2026 con anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso, según señalaron Rodríguez y Figuera en el comunicado conjunto.
Con el cierre de este primer ciclo, las delegaciones dejaron establecidos los mecanismos para continuar trabajando tanto en la respuesta a la emergencia causada por los terremotos como en los cambios planteados para el sistema de justicia venezolano, incluyendo en la agenda inicial la reorganización del sistema electoral.
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