La llamada transición venezolana se mueve al ritmo del barril y de la Casa Blanca. Mientras Donald Trump promete que las petroleras estadounidenses empezarán a perforar “muy pronto” en Venezuela, el chavismo parlamentario acelera una reforma express de la Ley Orgánica de Hidrocarburos hecha a la medida de la nueva relación energética con Estados Unidos. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, casi sin debate de fondo, una modificación clave de la norma petrolera que multiplica las facilidades para el capital privado extranjero y legaliza esquemas que ya se venían aplicando en la sombra con la Ley Antibloqueo.
La iniciativa salió directamente del despacho de Delcy Rodríguez, quien en su memoria y cuenta de 2025 pidió al Parlamento tramitar con carácter “prioritario” una reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos para “acelerar el incremento de la producción de crudo” y hacer a Venezuela “más atractiva” para la inversión. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, se alineó de inmediato y condujo una sesión en la que la mayoría chavista aprobó el proyecto en cuestión de horas, mientras la oposición denunció que el texto completo apenas se conoció la víspera. El resultado: una ley de alto impacto económico y geopolítico que entra al circuito parlamentario con etiqueta de “fast track” y en plena ola de anuncios petroleros desde Washington.
En el corazón de la reforma están los Contratos de Participación Productiva (CPP) y otros formatos derivados de la Ley Antibloqueo, que ahora se buscan positivar en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Bajo estos esquemas, empresas privadas —nacionales o extranjeras— pueden asumir la gestión completa de campos petroleros “a su cuenta y riesgo”, hacerse cargo de la inversión, operar los yacimientos y recibir una retribución porcentual sobre el volumen de crudo fiscalizado. A diferencia del viejo modelo de empresas mixtas, el proyecto abre la puerta a que incluso el accionista minoritario tenga capacidad para comercializar la producción y manejar directamente flujos de caja, reduciendo en la práctica el control exclusivo de PDVSA sobre la venta del petróleo.
La exposición de motivos insiste en la necesidad de un “régimen fiscal flexible” para hacer viables campos no desarrollados o greenfields, lo que apunta a ajustes en regalías e impuestos que mejoren la rentabilidad de los proyectos a ojos de los grandes conglomerados energéticos. Paralelamente, el texto habla de garantías jurídicas reforzadas para inversores extranjeros, incluyendo mecanismos de resolución de controversias que den más certezas contractuales en un país con amplia reputación de volatilidad normativa. Para críticos y expertos, el mensaje es claro: el Estado venezolano está dispuesto a ceder espacio operativo y fiscal para atraer dólares frescos, tecnología y know-how, en un contexto de infraestructura petrolera devastada y necesidad urgente de ingresos.
El calendario político se superpone con el calendario petrolero. Apenas horas después de la primera aprobación en Caracas, Trump reiteró que compañías de Estados Unidos comenzarán a drillar en Venezuela “muy pronto”, y medios especializados como Energy Intelligence subrayaron que la reforma venezolana busca justamente dar seguridad jurídica a la ola de inversiones que se espera desde Houston. Ya el modelo de producción compartida se venía probando con Chevron, amparado en licencias estadounidenses y en la opacidad de la Ley Antibloqueo; la nueva reforma intenta convertir esa práctica en norma general, abriendo espacio para que otras petroleras entren a un tablero donde Rusia y China pierden peso frente a Washington.
No obstante, la operación no está exenta de controversia. Abogados y economistas advierten que varias disposiciones chocan con el espíritu de la Constitución, que reserva al Estado las actividades fundamentales de la industria de hidrocarburos, y señalan que la combinación Ley Antibloqueo + CPP + reforma express puede construir un marco extremadamente opaco, con contratos poco transparentes y una porción desconocida de la renta petrolera saliendo del control público. La bancada opositora del Grupo Parlamentario Libertad salvó su voto, y el diputado Pablo Pérez reclamó que un cambio de esta magnitud no puede hacerse sin un verdadero debate sobre soberanía petrolera, seguridad jurídica y equilibrio tributario entre el Estado y las multinacionales.
En la siguiente fase, la reforma deberá pasar a segunda discusión artículo por artículo, formalmente con espacio para incorporar propuestas de expertos, universidades y gremios. Sin embargo, analistas consultados por portales económicos señalan que el rumbo está trazado: convertir la vieja ley petrolera en un traje a la medida de los nuevos socios gringos, asegurar que los próximos contratos cuenten con un respaldo legal estable y enviar al mercado la señal de que Venezuela está abierta a un nuevo ciclo de apertura petrolera condicionada a los intereses de Estados Unidos. El dilema de fondo quedará planteado para la sociedad venezolana: ¿es esta “ley express para los socios gringos” una tabla de salvación económica o el inicio de otra etapa de dependencia sobre el mismo recurso de siempre?