La Asamblea Nacional avanzó este jueves en la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una pieza clave de la estrategia económica del gobierno de Delcy Rodríguez para relanzar la producción y hacer a Venezuela más atractiva para el capital internacional, en especial el de Estados Unidos. El proyecto, presentado por la propia Rodríguez la semana pasada, fue aprobado con mayoría calificada y pasa ahora a una fase de consultas y revisión detallada en la Comisión de Energía y Petróleo, antes de la segunda y definitiva discusión artículo por artículo.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la incorporación formal de los Contratos de Participación Productiva (CPP), una figura creada al amparo de la Ley Antibloqueo que permite que empresas privadas asuman la operación directa de campos petroleros, asumiendo el riesgo y la inversión, a cambio de una participación en la producción. Esta modalidad se ha utilizado ya en acuerdos con compañías como Chevron y, según expertos, se convierte ahora en el modelo de referencia para nuevos proyectos, ampliando el espacio para el capital privado a lo largo de toda la cadena de valor de los hidrocarburos.
La presidenta encargada explicó ante el Parlamento que la finalidad es permitir que “flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos” petroleros, “fortalecer la seguridad jurídica” y lograr resultados más rápidos en términos de volumen de producción. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, añadió que el propósito es que la inversión extranjera en petróleo pueda desarrollarse “de manera adecuada” y bajo un esquema en el que se sienta “protegida”, enviando una señal explícita a las multinacionales interesadas en el crudo venezolano.
Según análisis especializados, la reforma propone reducir la carga de regalías sobre las empresas privadas y mixtas, recortando el porcentaje que hoy se queda el Estado para incentivar la inversión y mejorar la competitividad de Venezuela frente a otros productores. Además, plantea reforzar los mecanismos de resolución de controversias y articular la ley con los tratados de protección de inversiones y convenios para evitar la doble tributación, con el objetivo de blindar jurídicamente a los nuevos inversionistas.
El movimiento se da en paralelo al giro geopolítico que ha significado el anuncio del presidente Donald Trump, quien aseguró que las grandes petroleras estadounidenses empezarán a perforar “muy pronto” en Venezuela, y al interés declarado de Washington por desplazar la influencia de Rusia y China del sector energético venezolano. Para analistas, la combinación de apertura legal, licencias financieras y acuerdos políticos configura un nuevo ciclo de apertura petrolera controlada, donde el Estado mantiene la propiedad formal de los recursos, pero cede cada vez más espacio al capital privado en la operación y el negocio.
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