El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, afirmó que la petrolera ve avances en Venezuela y un aumento de su producción de crudo en el país, pero advirtió que todavía se necesitan más reformas legales para poder hacer “inversiones significativas” en el sector. En enero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que dio más autonomía a las empresas extranjeras para operar campos, vender el crudo y cobrar directamente, pero, según Wirth, el marco sigue siendo ambiguo y con demasiada discrecionalidad estatal, lo que frena proyectos a gran escala.
Uno de los puntos centrales para Chevron y otros socios de Pdvsa es el acceso al arbitraje internacional en caso de disputas contractuales. Las empresas quieren que la ley venezolana refleje las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que exigen contratos alineados con la legislación estadounidense y con cláusulas claras de resolución de conflictos en tribunales internacionales. Además, los socios de empresas mixtas presionan por un régimen fiscal específico para nuevos proyectos: reducción de regalías e impuestos sobre la renta, reglas diferenciadas por tipo de campo y mayor estabilidad tributaria a largo plazo.
Wirth explicó que la reforma aprobada dejó términos fiscales “muy amplios”, que hacen que algunas inversiones luzcan atractivas y otras no, precisamente por la falta de definiciones e incentivos concretos. Para revertir décadas de caída en la producción y regresar a niveles de hace diez años, subrayó, Venezuela no solo necesita capital y tecnología, sino también seguridad jurídica y reglas claras que reduzcan la incertidumbre legal actual. Mientras tanto, la administración de Delcy Rodríguez se ha mostrado reacia a abrir una nueva ronda de cambios sobre la ley, considerada la “columna vertebral” del sector petrolero.
A pesar de estas reservas, Chevron se ha consolidado como el socio petrolero más importante de Pdvsa. Actualmente produce alrededor de 250.000 barriles diarios a través de cuatro empresas mixtas, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte de todo el crudo que bombea Venezuela. La compañía apuesta a seguir enviando crudo pesado venezolano hacia refinerías estadounidenses bajo un esquema de autofinanciamiento, pero deja claro que, sin ajustes adicionales a la ley y sin acceso pleno a mecanismos internacionales de protección de inversiones, el salto hacia proyectos mucho más grandes seguirá en pausa.